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POLÉMICA SOBRE EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL

Satisfacción general en Cataluña mientras en Salamanca se prepara la resistencia

El PP catalán cree "lógica" la decisión y pide que no se utilice para enfrentar a los pueblos

Nunca llueve a gusto de todos, y la decisión de la comisión de expertos fue tan mal recibida en Salamanca como celebrada como un éxito en Cataluña. Mientras el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, la calificaba como un "regalo de Navidad", el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del PP, sentenciaba que "no va a salir ningún papel" del Archivo. El líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod, afirmó que, con la resolución de este contencioso, "la España democrática cierra la puerta del franquismo". El secretario regional del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió: "Esto no ha hecho más que empezar". El PP de Cataluña consideró "lógica" la decisión de los expertos.

Maragall califica la decisión de los expertos como "un regalo de Navidad"
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Un "paso adelante" de la democracia
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La Comisión de la Dignidad, formada por medio millar de personalidades de la cultura y del mundo académico de una cincuentena de países, que ha venido reivindicando en los últimos años la devolución de los documentos a Cataluña, calificó ayer la decisión del comité de expertos de "paso adelante" de la democracia a través de su portavoz, Antoni Strubell. En declaraciones a Europa Press, Strubell dijo que se había escrito una página "importante" y "positiva" en la "recuperación de la justicia histórica", y añadió que "ningún demócrata puede sentir el mínimo sentido negativo al pronunciamiento" de los especialistas. Y, aunque señaló que las fórmulas acordadas por ellos son "mejorables", se mostró confiado en que permitirán la "restitución" de los legajos. Anoche, la Comisión por la Dignidad celebró el dictamen en Manresa (Barcelona), en un acto presidido por el abad de Montserrat, Josep Maria Soler.

Además de la Generalitat, las entidades y particulares que reclaman el retorno de los papeles de Salamanca también manifestaron su satisfacción. El sindicato UGT de Cataluña celebró la decisión y pidió al Gobierno que ahora "actúe en consonancia" con ella ratificando el veredicto. La central recordó que es una de las organizaciones con más fondos incautados y que sus documentos fueron utilizados para "perseguir, encarcelar y asesinar a sindicalistas".

El cartelista Carles Fontserè, que reclama la devolución de los carteles que dibujó durante la República, dijo que "en principio" el dictamen -"que dice mucho en favor de las personas que lo han emitido"- "es una buena noticia", informa Gerard Bagué. "Habrá que ver", prosiguió, no obstante, "si el Gobierno seguirá ahora los consejos del comité de expertos". El artista, de 88 años, no ocultó su escepticismo ante el complejo trámite que se avecina. "Si finalmente el Gobierno acepta que regresen los papeles, la devolución va a ser muy complicada. Cuando estuve en Salamanca con la Comisión de la Dignidad nos dijeron que iban a tardar 20 años en elaborar el índice del archivo, que más que un archivo es un almacén. Ahora la gran incógnita es cómo se va a gestionar el retorno". Fontserè auguró que la decisión "abrirá una lucha política".

En contra de la devolución se pronunció el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes. Declaró a Efe que los archivos formados "deben conservarse y mantener su unidad" y que "toda disgregación daña la unidad" del fondo. Según él, "sería contraproducente" segregar los papeles de Salamanca.

"El Estado está devolviendo a Cataluña cosas que tuvieron una significación más bien trágica, dramática", dijo Pasqual Maragall. Y agregó: "Tengo la impresión de que, al inicio del siglo XXI, se está cerrando el círculo de una historia que no había sido como hacía falta, y que ahora está comenzando a serlo".

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, consideró que con esta decisión "la España democrática cierra la puerta del franquismo". Eso ha sido posible, destacó, porque hay "una España democrática" que lo ha querido. Pidió "al pueblo de Salamanca y de Castilla que comprenda el legítimo derecho" de las víctimas del franquismo y sus familiares a recuperar documentos que se usaron "como simple prueba policial" para detener o fusilar a opositores del fascismo. Expresó finalmente su deseo de complicidad "entre la Castilla democrática y la Cataluña democrática".

Además de celebrar la noticia y afirmar que constituye "un primer paso", el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, líder de Iniciativa Verds, pidió que además de los documentos de la Generalitat retornen también a Cataluña los documentos de partidos y particulares.

Los dos partidos de la oposición en Cataluña, CiU y PP, se sumaron a la celebración. El nacionalista Artur Mas felicitó "a todos los que han luchado por este momento, en especial los miembros de la Comisión de Dignidad". Mas recordó que CiU y el Gobierno del PSOE ya acordaron en 1995 la devolución de los papeles de Salamanca, pero que no se llevó a cabo debido a que "no se atrevieron". Lo que ahora ocurre es, dijo, que hay "un momento propicio".

El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Francesc Vendrell, consideró que la decisión de los expertos es "lógica y de sentido común" y aseguró que su partido "la respeta". No es la primera vez que el PP de Cataluña apoya el retorno de esta documentación a Cataluña. En esta ocasión, Vendrell hizo también un llamamiento a los demás partidos catalanes para que no utilicen este asunto "para excitar sentimientos" y renuncien a hacer "clientelismo barato". En nada ayuda, añadió, "plantear esta cuestión como un enfrentamiento entre Cataluña y España".

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del PP, dijo que "no va a salir ningún papel" del Archivo. "No hemos perdido el tiempo" y "nos hemos preparado jurídica, legal y políticamente", afirmó, según informa Efe. Lanzarote dijo que espera que no "se lleve ningún papel de Salamanca", pero que si salen "va a costar". "Tenemos una gran batería de materias para luchar", aunque no las desveló porque "al enemigo" no hay que darle "ni agua".

Las reacciones en Castilla y León pasaron del desabrido "esto no ha hecho más que empezar", lanzado por el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, hasta las declaraciones de la consejera de Cultura de la Junta, Silvia Clemente, acusando a la citada comisión de estar "teledirigida" y "manipulada por el Gobierno de la nación", informa Francisco Cantalapiedra. María Jesús Ruiz, vicepresidenta del Gobierno regional calificó de "terrible" la decisión del comité de expertos, que consideró síntoma de "la debilidad [del Gobierno central] sometido a chantaje permanente".

Óscar Sánchez, portavoz de cultura del PSOE regional en las Cortes, acusó al PP de utilizar "métodos que resultan paradójicamente muy similares a los que usan los nacionalismos disgregadores que el PP dice combatir". El miembro de la ejecutiva socialista opinó que "la estrategia del PP es evidente", ya que lo que pretende es "provocar un conflicto jurídico con el Estado y mantener abierta la polémica durante más tiempo".

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