Veinte países de la UE aceptan cambios para recuperar la Constitución europea
Los Estados reunidos en Madrid intentan propiciar un acuerdo satisfactorio para los Veintisiete
La Constitución europea recupera el pulso. Representantes de 22 Estados de la UE acudieron ayer a la convocatoria de España y Luxemburgo, los dos países que han ratificado el tratado por referéndum, para propiciar un acuerdo que satisfaga a los Veintisiete. El encuentro contó con más asistentes de los previstos, al participar, además de los 18 países que la han ratificado, Irlanda y Portugal como amigos de la Constitución y Dinamarca y Suecia como observadores. Los reunidos expresaron su disposición a aceptar cambios al texto que respeten su "sustancia y sus equilibrios".
Los amigos de la Constitución mostraron su disposición a introducir modificaciones en la Constitución para facilitar un acuerdo con los dos Estados que la rechazaron, Francia y Holanda, y con los siete restantes que han aplazado su pronunciamiento.
El contenido y calado de estas posibles modificaciones fue detallado por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El ministro dijo preferir "una propuesta audaz, que no temeraria, que hacer una propuesta de mínimos que inevitablemente nos llevaría a un acuerdo igualmente de mínimos que la realidad demostraría pronto insuficiente".
El jefe de la diplomacia española expresaba así sus reservas, sin mencionarlo explícitamente, a la iniciativa de "mini Tratado", del candidato conservador a la presidencia francesa Nicolas Sarkozy.
Moratinos afirmó que "si debemos modificar el Tratado Constitucional para alcanzar la necesaria ratificación unánime", la mejor opción sería "una propuesta ambiciosa que tendría la virtud de mostrar que hemos escuchado a los ciudadanos".
El contenido de su propuesta, que fue aceptada por los reunidos, plantea incluir en el Tratado un paquete de nuevas disposiciones: "la inclusión de los criterios de adhesión de nuevos Estados miembros; el perfeccionamiento de los mecanismos de control de la subsidiariedad; la potenciación de una política europea de la inmigración; el desarrollo de una política energética; la lucha contra el cambio climático; la previsión de una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales; el desarrollo de un espacio social europeo y el reforzamiento de la política europea de seguridad y defensa".
Cada una de estas nuevas disposiciones tiene una clara intención y es un guiño a los Estados que no han ratificado la Constitución. Así, con la subsidiariedad se pretende disipar las reticencias del Reino Unido ante su temor a una posible pérdida de soberanía. Con la inclusión de los criterios para futuras ampliaciones y abordar la inmigración, espera tranquilizar a Francia y Holanda. Con la inclusión de la energía, se busca superar las reticencias de Polonia, que critica la falta de la solidaridad de la UE.
A la reunión asistieron Diego López Garrido y Gustavo de Arístegui, portavoces, respectivos, del PSOE, y de Política Exterior del PP en el Congreso de los Diputados. También varios eurodiputados: el conservador Íñigo Méndez de Vigo, el socialista Carlos Carnero y el liberal Ignasi Guardans.
El ministro luxemburgués de Exteriores, Nicholas Schmit, expresando el sentir de los reunidos defendió la idea de crear una "Europa política". El secretario de Estado español para la UE, Alberto Navarro, principal gestor de la reunión, insistió en la necesidad de superar la regla que exige la unanimidad, "porque Europa no puede permitirse el lujo de ir al ritmo del más lento". Remachó su convicción de que "la Constitución no es un problema sino una solución".
