Un arranque con un perfil bajo

Ningún miembro del Gobierno se sentaba en sus bancos y sólo 50 de los 75 parlamentarios ocupaban sus escaños cuando el Parlamento abrió ayer, con un pleno corto y de perfil muy bajo en el orden del día, el que puede ser su último período de sesiones de la legislatura. Las tribunas de invitados y de prensa estuvieron igualmente vacías, lo mismo que los lugares reservados a los asesores y equipos del Ejecutivo. Era lógico: el Gobierno no estaba. Avanzada la mañana se personaron los consejeros interpelados en la parte de control: la de Cultura, Miren Azkarate; la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y el de Sanidad, Gabriel Inclán. También ocuparon algún rato sus bancos los de Justicia, Joseba Azkarraga, e Industria, Ana Aguirre.

La brevedad y las ausencias marcaron el primer pleno tras las vacaciones

La falta de nervio de la sesión contrastó llamativamente con el ruidoso momento político a causa de la condena al anterior presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, y otros dos compañeros de la Mesa, y de la ilegalización de EHAK. Las dos cuestiones se movieron, sin embargo, en la trastienda de la Junta de Portavoces previa y en conversaciones entre los grupos del tripartito, Aralar y EHAK. Pero sin resultados.

El grupo de EHAK no llegó a pisar el hemiciclo y pasó el tiempo en su oficina. Sólo se dejó ver en la sala de prensa para protestar por la falta de apoyos.

Tampoco siguió la sesión en su escaño el lehendakari José Ibarretxe, aunque sí estuvo en la Cámara. Ibarretxe ni siquiera se incorporó para respaldar con su presencia la intervención del consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, en respuesta a una interpelación del PP. Los grupos del Gobierno tampoco consideraron precisa ninguna demostración de apoyo. Sólo 14 de los 32 parlamentarios del tripartito ocupaban sus lugares cuando el consejero se dispuso a hablar.

Lo cierto es que tampoco le hizo falta: pese al delicado momento que atraviesa, Inclán salió con comodidad de una cuestión en la que su interpelante, la popular Laura Garrido, ni siquiera mencionó, aunque fuera de pasada, la huelga desarrollada esta semana en los centros de Osakidetza ni el enconado conflicto que vive la sanidad vasca. Así las cosas, el orden del día transcurrió fluido y sin que los parlamentarios ocultaran una prisa que les llevó en algún punto a no acudir siquiera a la tribuna para defender o explicar sus posiciones y conformarse con breves intervenciones desde el micrófono de su escaño.

Aralar se quedó con su único voto en una proposición de ley que perseguía exigir en 2010 el conocimiento del euskera a los funcionarios que ocupan puestos de atención al público. El PP vio igualmente derrotada su iniciativa sobre la gratuidad de los libros de texto. La Cámara se puso de acuerdo unánimemente en dos cuestiones: pedir el Gobierno que regule antes del 30 de junio el fondo de garantía para pensiones impagadas de divorcio prometido en la Ley de Igualdad y un informe sobre especialistas de apoyo educativo.

La noticia la aportó la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia al anunciar el envío a la Cámara del proyecto de ley Municipal para "mucho antes de que acabe este período de sesiones", es decir, junio. Lo hizo al responder a una interpelación del PSE, que se felicitó de que por fin el Gobierno haya asumido un compromiso claro y a fecha fija.

En tres horas y media, a la una y diez, la presidenta levantó la sesión. La totalidad de los escaños socialistas estaban vacíos ya: todos se habían ido a un acto de precampaña en el que intervenía Alfonso Guerra. Fue la demostración más gráfica de lo que ocupa y preocupa de verdad a todos los grupos.