El Constitucional elimina el último escollo para su renovación parcial

El PP ha perdido una más de las batallas políticas que llevó en la anterior legislatura al Tribunal Constitucional. Esta vez el alto tribunal ha rechazado el recurso del PP contra la reforma del Reglamento del Senado que permite a los Parlamentos autónomos participar en la designación de magistrados del Constitucional en la Cámara alta.

Esa estrategia del PP convirtió al Constitucional en una especie de tercera cámara que analice casi todas las leyes. Antes rechazó el recurso del PP contra la Ley de Igualdad y contra la de Violencia de Género y tiene pendientes el de la ley de matrimonios homosexuales y, sobre todo, el del Estatuto de Cataluña, entre otros.

Además, la decisión del pleno del Constitucional elimina el último escollo para la renovación parcial del tribunal, pactada por el PSOE y el PP y rubricada anteayer por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en la Moncloa.

En la anterior legislatura, el PSOE acordó con el resto de grupos parlamentarios una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Senado para permitir la participación de los Parlamentos autónomos.

Se establecía un mecanismo para que cada una de esas Cámaras territoriales remitiera dos nombres al Senado, que, en último término, elegiría a los nuevos magistrados de entre los propuestos por los 17 Parlamentos de las comunidades.

El acuerdo era una fórmula para desarrollar el artículo del Estatuto de Cataluña que regula la participación de su Parlamento en instituciones estatales como el Constitucional. En la práctica suponía extender esta posibilidad a todas las comunidades autónomas.

El PP no sólo se opuso a la reforma legal si no que recurrió ante el Tribunal Constitucional y condicionó la renovación parcial de esta institución a la resolución de su recurso. En parte por eso sigue bloqueada esa renovación institucional desde diciembre.

El PP sostenía en el recurso que encabezaba su senadora Rosa Vindel que la reforma legal vulneraba el artículo 159.1 de la Constitución que establece la forma en que el Senado designa magistrados del Constitucional. Su argumento era que la Constitución no contemplaba la participación de los parlamentos autonómicos.

La respuesta del PSOE era que se mantenía la decisión última del Senado y sólo se da a las asambleas de las comunidades capacidad de propuesta.

En este momento, el Senado tiene pendiente desde hace nueve meses renovar a cuatro magistrados desde hace nueve meses y este proceso es decisivo para la resolución de los recursos que aún quedan pendientes de la anterior legislatura.

El Tribunal Constitucional ya rechazó el recurso contra la reforma de la ley orgánica y ayer hizo lo mismo contra el del Reglamento del Senado, para considerar que la modificación es acorde con la Ley Fundamental. La sentencia interpretativa se conocerá en los próximos días y el ponente ha sido el magistrado Ramón Rodríguez Arribas.

Tiene voto particular de los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez-Zapata. Fuentes del alto tribunal aseguran que la sentencia interpretativa podría explicar que, en el caso de que no se considere idóneo a ninguno de los candidatos propuestos por los Parlamentos autónomos, el Senado tendrá capacidad de propuesta.

Con esta decisión ya no hay ningún obstáculo a la renovación pactada el martes entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. El Senado debe sustituir a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y a los magistrados Guillermo Jiménez Sánchez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde Martín. Dos de los que deben ser renovados son firmantes del voto particular a la sentencia emitida ayer por el pleno del tribunal.