Más control allí donde anidó la corrupción

El presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, se comprometió ayer en el Parlamento autónomo a desarrollar un combate directo contra la corrupción con una nueva ley del sector público que acentuará los controles financieros y los filtros administrativos en los departamentos y empresas públicas. En Baleares se han creado más de 170 empresas y consorcios autonómicos, donde han sido detectados cinco de los escándalos ahora bajo investigación judicial. El último caso en estallar ha sido el del Consorcio de Desarrollo Económico, por el que han acabado en prisión la gerente Antònia Ordinas; su esposa, Isabel Rosselló, y el ex director general de Industria Kurt J. Viaene, del PP. Pero antes la corrupción surgió en el Consorcio del Turismo Joven, cuyo ex director gerente Juan Francisco Gosálbez permanece entre rejas. Además, fueron detenidos y están imputados por malversar dinero público el ex director de la empresa informática Bitel Damián Vidal, y el ex presidente de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Obras de Palma Rodrigo de Santos.

La sucesión de casos "impactan de forma muy importante en la credibilidad y en la confianza de la ciudadanía", declaró Antich, quien recordó que su equipo puso un interventor en cada Consejería, cuyo trabajo está en el origen de los casos antedichos. "Si hay controles, éstos funcionan", advirtió Antich. El portavoz socialista, Antonio Diéguez, fue más allá y aseguró que en los Gobiernos de Jaume Matas (PP) se instaló la "cultura del saqueo de las cuentas públicas". Rosa Estarás, del PP, condenó la corrupción "que es de personas y no de partidos".