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Libertad con cargos para el ex presidente del Parlament balear

Maximiliano Morales ha quedado libre tras declarar ante el juez instructor por el caso Oms, en el que está implicada también su mujer

El ex presidente del Parlament de Baleares Maximiliano Morales, de Unió Mallorquina (UM), ha quedado hoy en libertad con cargos tras declarar ante el juez instructor del llamado 'caso Son Oms', que investiga una supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos de ese polígono de Palma en la década de los años noventa. Morales, defendido por el abogado Gabriel Garcías, está imputado en la causa por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. La Fiscalía entiende, según fuentes jurídicas, que el ex presidente del Parlament "aprovechó, junto a Bartomeu Vicens (actual diputado de UM y ex conseller del Territorio de Mallorca), que ocupaba un cargo importante, para influir en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Palma y aprobar la recalificación de terrenos en Son Oms, a cambio de que los propietarios de los terrenos les cedieran el 15% de las diferentes parcelas".

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En el 'caso Son Oms' también están imputados Vicens, para el que el fiscal ha pedido ingreso en prisión ; su esposa, Antonia Martorell; la administradora de la sociedad Metalumba Elisabet Diéguez, y el abogado Jaime Montis. Este último también ha declarado hoy y ha quedado en libertad, aunque el juez le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el territorio nacional.

Vicens y UM

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares debe decidir si admite la petición realizada por el juez, a instancia del Ministerio Público, de autorizar la adopción de medidas cautelares con Vicens, aforado por su condición de diputado de UM, entre ellas, su eventual ingreso en prisión.

Tomeu Vicens, abogado y muñidor de los pactos que han dado presidencias y alcaldías al PSOE y arrinconaron al PP a la oposición, fue secretario general de UM y consejero de Ordenación del Territorio de Mallorca en la anterior legislatura, informa Andreu Manresa. Le acusan de fraude, blanqueo y estafa. Ante el juez, se negó a contestar a las preguntas del fiscal y sólo atendió a su letrado. Vicens defendió que en el caso del polígono de Palma ejerció como profesional, al margen de la política y sin cargo ejecutivo. Se sospecha que ganó más de un millón de euros en la conversión de suelo rústico en solares de servicios al lado del aeropuerto de Palma.

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