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España pide al G-20 que se publiquen los sueldos de los ejecutivos de banca

El Gobierno propone poner bajo supervisión las retribuciones del sector

Alejandro Bolaños

La propuesta española para acelerar la reforma del sistema financiero internacional ya está en Londres, donde tendrá lugar la próxima cumbre mundial contra la crisis. El Ejecutivo británico hizo público ayer el decálogo elaborado por el Ministerio de Economía, que aboga por obligar a la "publicación individual" de los sueldos de "ejecutivos y altos cargos de las entidades financieras".

El derrumbe de entidades financieras de Estados Unidos y varios países europeos contrasta con los multimillonarios emolumentos que disfrutaban sus principales ejecutivos, parapetados en cuantiosas indemnizaciones en caso de despido. La inyección de dinero público en varios bancos ha echado más sal en la herida, pero las medidas de los Gobiernos para limitar los sueldos al menos en estas entidades no acaban de cuajar.

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Como botón de muestra, la impotencia exhibida por la Administración estadounidense, que cedió el martes ante la posición de fuerza del sector. El plan de ayuda de EE UU incluía restricciones a la paga variable de los ejecutivos de entidades que pidieran dinero público, pero las autoridades decidieron eliminar esos límites para incentivar las solicitudes y garantizar así el éxito del plan, que en última instancia necesita a los bancos para incentivar el crédito a familiares y empresas.

La propuesta remitida por La Moncloa comparte el diagnóstico: "La extracción de rentas por parte de ejecutivos y altos cargos ha favorecido una toma de riesgos opaca e inadecuada". Pero opta por otro acercamiento. "Sin recurrir a máximos legales para la remuneración, es necesario establecer un marco de estricta supervisión y transparencia que asegure que la remuneración variable vaya unida al valor económico en el medio y largo plazo".

Para evitar que los resultados a muy corto plazo condicionen buena parte de la retribución de los ejecutivos, y en última instancia su gestión, el Gobierno español recomienda que el G-20 (grupo que incluye a las principales economías avanzadas y emergentes) empiece por obligar a que las entidades del sector publiquen el "esquema de retribución" de cada uno de sus ejecutivos y altos cargos. En España, algunos bancos y cajas lo hacen de forma voluntaria, aunque sólo suelen declararse los sueldos de los consejeros con competencias ejecutivas.

El Gobierno español aboga por que el código de buenas prácticas que elabora el Foro de Estabilidad Financiera sea en este punto "riguroso" y establezca alguna limitación a los contratos blindados en caso de "rendimiento catastrófico". Si los sueldos publicados no se atienen al código de buenas prácticas, los supervisores evaluarán "la influencia de los esquemas de retribución sobre la gestión de riesgos".

El documento enfatiza la necesidad de una información completa y detallada sobre el sector, que España focaliza en algunas áreas: los fondos de alto riesgo, las sociedades de titulación privadas y los mercados extrabursátiles. Y pone encima de la mesa el sistema de provisiones anticíclicas (los bancos deben reservar más dinero cuando más crédito dan) diseñado por el Banco de España, que ha blindado a las entidades españolas de algunas consecuencias de la crisis.

El Ejecutivo exige el desarrollo de algún instrumento para acotar el "riesgo moral" de inyectar dinero en las entidades, que puede incentivar una gestión imprudente al calar la certeza de que "el erario público siempre vendrá en su rescate". Plantea aquí elevar el nivel de capital mínimo o que las entidades pongan dinero en instrumentos que les aseguren contra situaciones de crisis.

Hay elementos comunes a otros recetarios contra la crisis, como el aumento de recursos y poderes para el Fondo Monetario Internacional. Y, sorprendentemente, faltan algunas exigencias habituales en los últimos meses, como la eliminación de los paraísos fiscales o la ampliación del Foro de Estabilidad Financiera, donde España intenta meter la cabeza.

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