De la Vega niega que la Administración esté hinchada y confirma la poda de organismos
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no ofreció ayer, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, nuevos datos sobre el objetivo del Gobierno de reducción de organismos públicos, de sus cargos directivos y de la revisión de sus retribuciones. Se remitió a un próximo Consejo de Ministros y adelantó su intención de convocar a las comunidades autónomas para el 23 de marzo en la Mesa de Negociación para debatir en ella el plan de austeridad del Ejecutivo. Lo que sí confirmó fue que con la no reposición de las vacantes en la Administración, el Gobierno superará el objetivo de reducir el gasto público en un 4% hasta 2013 sin necesidad de rebajar o congelar las retribuciones de los empleados públicos.
Fernández de la Vega aprovechó su intervención en el Congreso para pasar a la ofensiva frente a la oposición -PP, CiU y PNV-, que le exigió una reducción de ministerios y de altos cargos de la Administración. Replicó que la Administración española "no está sobredimensionada" y la situó por debajo de le media europea. Un 12,5% de la población frente al 15% y 20% de Francia y el Reino Unido, respectivamente. Aclaró, asimismo, que más del 75% de los altos cargos del Gobierno son funcionarios de carrera.
Rechazó, asimismo, algunas de las cifras más relevantes que le presentó la oposición. Cifró en 142 el número de asesores de La Moncloa frente a los 600 que le planteó el PP. Y acusó a los populares de haber promovido el mayor número de altos cargos en las comunidades donde gobierna. La vicepresidenta precisó que en la Comunidad Valenciana han crecido los gastos de personal en un 39%, frente a una media nacional del 24%. Asimismo, señaló que la Comunidad de Madrid ha pasado de 728 a 1.521 puestos de libre designación con Esperanza Aguirre como presidenta.
Además de anunciar para el 23 de marzo la Mesa de Negociación y confirmar que en abril el Consejo de Ministros aprobará la reducción de organismos públicos, se comprometió a aprobar por decreto en la última semana de marzo el Observatorio del Empleo Público.
