El Gobierno intentará lograr el apoyo de PP, CiU, PNV y CC
El objetivo es que las medidas no se aprueben con el margen mínimo de 7 votos
Una vez dado el paso arriesgado de girar radicalmente en su estrategia, convencido de que la situación lo requiere inexcusablemente, el Gobierno considera que para llevar a la práctica las medidas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero en el pleno del miércoles necesita el mayor apoyo político posible. Además, cree que si los grupos de centro-derecha son coherentes no sería difícil encontrar una base amplia de apoyo. De entrada, mira hacia CiU, PNV y Coalición Canaria. Y, desde luego, hacia el PP.
Ahora bien, el Ejecutivo también tiene en cuenta el análisis que puede hacer cada partido del coste electoral que le supondría apoyar estas medidas. Las negociaciones aún no han empezado; sólo hay conversaciones informales entre miembros del Gobierno y responsables del Grupo Socialista con portavoces de la oposición. Los primeros ya saben que no podrán contar con los grupos de la izquierda, ni tampoco con Rosa Díez, de UPyD, que pidió la convocatoria de elecciones anticipadas.
El PSOE considera que las medidas requieren el mayor respaldo posible
Lo cierto es que en esta legislatura hay un antes y un después del 12 de mayo, día en el que el presidente del Gobierno anunció unas medidas de tal envergadura "que no se pueden aprobar con un margen a favor de siete votos". Este comentario de un dirigente socialista se refiere a la aprobación de leyes importantes, como los Presupuestos del Estado ahora vigentes, con los votos del PNV y de Coalición Canaria.
El PP podría apoyar algunas de las medidas, teniendo en cuenta que el propio Mariano Rajoy presume de que muchas han sido propuestas por los populares. El líder de la oposición sólo se opuso expresamente a modificaciones sobre las pensiones si no se abordaban otras medidas como la reducción de subvenciones o de gasto público corriente. Y las pensiones, según el Pacto de Toledo, exigen consensos amplios para ser modificadas a la baja.
Respecto a CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran, hizo un discurso muy crítico, pero Zapatero se esforzó por quedarse con lo positivo y destacar el buen tono. Los nacionalistas catalanes mantienen una posición favorable a los acuerdos y aseguran que, a la espera de la concreción, están dispuestos a mantener su posición de centralidad en la aprobación de medidas contra la crisis. Duran, además, mantiene una relación fluida con el Gobierno, tanto con el presidente como con las dos vicepresidentas.
El PNV no se ha decantado, pero su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, hizo el miércoles un discurso crítico con el Gobierno por la gestión de la crisis y el cambio de posición, pero no tanto por el fondo de lo planteado. No pasó desapercibida para el PP la intervención de Erkoreka, en la que intuyen conversaciones con los socialistas sobre las Diputaciones vascas. Coalición Canaria y su portavoz, Ana Oramas, comprende la situación de emergencia en la que se ha entrado, pero su partido tiene que calibrar su apoyo.
Pero ahora, el Gobierno en lo que está enfrascado es en desentrañar la enmarañada trama legal por la que tiene que transitar para convertir en decretos las propuestas anunciadas.
De la bonanza al desequilibrio en dos años
- El primer superávit. Tras años de números rojos, el entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció en 2005 el primer excedente de las cuentas públicas en democracia, un 1% del PIB. Los cuantiosos ingresos que proporcionaba el sector inmobiliario y el gasto moderado en desempleo e intereses de la deuda, dos partidas de gran peso en los Presupuestos, propiciaron esa bonanza, que creció en 2006-7. - Giro en las arcas públicas. Los embates de la actual crisis deterioraron las cuentas públicas de las dos maneras posibles -ingresos y gastos-, y condujeron a un déficit histórico del 11,2% en 2009. Por un lado, los pagos a Hacienda se desplomaron un 36% entre 2008 y 2009. El IVA, muy indicativo del vigor del consumo y el sector inmobiliario, encabezó los descensos. El impuesto de sociedades -el que pagan las empresas por sus beneficios- y el de la renta también se vieron muy afectados. Paradójicamente, a mediados de 2008, cuando la crisis ya acechaba, entró en vigor la rebaja fiscal de los 400 euros que detrajo de las arcas públicas más de 4.000 millones por año. Al tiempo que los ingresos disminuían, los pagos se disparaban en la misma proporción: un 36% en dos años. La factura del desempleo, que se ha duplicado con creces en ese periodo, y los intereses de la deuda, la tercera partida más voluminosa de los Presupuestos, explican en gran parte el desequilibrio.
- Planes de austeridad. El Gobierno ha multiplicado los esfuerzos ahorradores en cuestión de pocos meses. Después de convalidar unos Presupuestos que ya incluían recortes, en febrero aprobó un plan de estabilidad con la ambiciosa meta de ahorrar 50.000 millones hasta 2013 y dejar el déficit en el 3%, tal y como exige Bruselas. Para ello se fijaba un recorte del 4% en la masa salarial de empleados públicos (fundamentalmente, dejando vacantes nueve de cada 10 bajas sobrevenidas), una subida de impuestos (IVA e IRPF), y una reducción del gasto corriente. Los analistas y los mercados financieros en general desconfiaron de la estrategia prevista a partir de 2011. Esas dudas se extendieron a la Unión Europea y EE UU, que presionaron para el recorte anunciado el miércoles: 15.000 millones adicionales en 2010 y 2011, que implicarán fuertes recortes en política social.
