La defensa de Roca pide la anulación del 'caso Malaya' y ataca al juez Torres
Arranca la vista sobre la corrupción en Marbella, con 95 procesados
La justicia malagueña consiguió ayer lo que muchos creían una quimera: sentar en el banquillo a los 95 procesados del caso Malaya, la gran trama de corrupción municipal en Marbella. El juicio arrancó a las diez de la mañana con inusual puntualidad en la Ciudad de la Justicia de Málaga. A esa hora, todos los procesados excepto dos, excusados por enfermedad, habían franqueado la barrera de periodistas que les aguardaban a las puertas de la Audiencia y ocupaban los asientos que les había asignado el tribunal. Sin embargo, las primeras palabras de la mayor vista oral de la historia judicial española -al menos así es por el número de acusados- no se escucharon hasta tres cuartos de hora después, cuando todos los asistentes hubieron firmado el acta de asistencia.
Rocío Amigo solicita la nulidad de los registros y las escuchas telefónicas
El juicio comenzó con el estudio de las cuestiones previas, en las que los letrados impugnan partes de la investigación que en su opinión vulneran los derechos de sus clientes. El primer turno lo ocupó Rocío Amigo, abogada del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca. En un alegato breve y ordenado, Amigo reclamó a la sala que anulara el proceso desde su base.
La letrada empezó atacando la declaración que en octubre de 2005 prestó en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el entonces jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González. En su declaración ante el juez Miguel Ángel Torres con motivo de una causa menor de concesión de licencias, el funcionario contó que Roca era la persona que decidía "absolutamente todo" en el Ayuntamiento y que todas las decisiones urbanísticas ilegales pasaban por su despacho. Esta declaración sirvió para que el Torres abriera una investigación judicial secreta contra Roca, acusado ahora de blanquear 245,1 millones de euros por el fiscal, desentrañando así toda la maraña de corrupción marbellí.
La letrada Amigo sostuvo que con la declaración de González solo se podía imputar inicialmente a Roca delitos contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias. Por lo tanto, expuso, las acusaciones de malversación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales por los que el fiscal pide 30 años de cárcel y 810 millones de multa para el ex asesor urbanístico no son válidas.
La abogada del supuesto cerebro de la trama dedicó la mayor parte de su exposición a pedir la anulación de las escuchas telefónicas. Estos pinchazos permitieron dar forma al caso y justificaron la mayoría de detenciones practicadas el 29 de marzo de 2006. Según la letrada, con la sola declaración de Jorge González no había motivos que justificaran la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Y sostuvo que el juez Torres autorizó a la policía que pinchara todos los teléfonos posibles "de forma prospectiva y para ver si salía algo". Amigo dijo también que el primer instructor de la causa "se inventó" el hecho de que Roca tenía un patrimonio difícil de justificar y de origen presuntamente ilícito.
Rocío Amigo, con despacho en Estepona (Málaga), aceptó la defensa de Roca el pasado julio, después de que el letrado habitual del ex asesor, el madrileño Aníbal Álvarez, renunciara a seguir con él. Álvarez adujo que al estar embargados los bienes de Roca, no había podido cobrar sus minutas.
Otra abogada, Yolanda Terciado, que apoyó ayer circunstancialmente a Amigo, intentó mostrar que carecían de justificación las órdenes judiciales de entrada y registro en las oficinas de Roca. Esta letrada defendió la nulidad de estas diligencias policiales ya que en ellas no estuvo presente el ex asesor urbanístico al estar detenido.
En la primera fila del banquillo de los acusados, Juan Antonio Roca, de traje azul y corbata, tomaba notas todo el tiempo. Separado por tres policías se encontraba su hombre de confianza, Óscar Benavente, y en las filas posteriores, los otros 91 acusados presentes: ex alcaldes, ex concejales, abogados y testaferros, personajes más o menos secundarios de un juicio que ya ha echado a andar.
División del trabajo
Los letrados que intervinieron ayer en la primera jornada de cuestiones previas -Rocío Amigo, Horacio Oliva y Francisco Soriano- mostraron una perfecta división del trabajo, que permitió agilizar la vista oral. Todos ellos reclamaron la nulidad total de las actuaciones, pero se basaron exclusivamente en los aspectos que afectan más directamente a sus clientes y adhiriéndose a los alegatos de los otros letrados en aquello que les pueda beneficiar. Además, en sus discursos evitaron citar más jurisprudencia de la imprescindible. Una de las razones de esta agilidad hay que buscarla en la organización de la vista oral. El presidente de la sala, José Godino, ha ordenado que todos los acusados y sus letrados estén presentes en todas las sesiones de cuestiones previas, al menos 12 hasta el mes de noviembre, al ser asuntos que les afectan a todos. De paso, se consigue que los letrados no se extiendan innecesariamente, ya que tras pronunciar su alegato no se podrán ausentar, como sucede habitualmente, sino que deberán escuchar los de sus colegas. De ahí el interés de todos en ser breves.
Sobre la firma
