Aguirre consuma su gran recorte de derechos sindicales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hace tiempo que libra una guerra contra los sindicatos. Ayer ganó la última batalla. Aprobó una ley para reducir casi a la mitad las horas de representación sindical. La presidenta ha utilizado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, conocida como ley escoba, para rebajar el número de liberados sindicales mediante la reducción de 75 a 40 horas mensuales del tiempo de representación sindical. Según sus cálculos, supondrá eliminar unos 2.000 de los 3.400 liberados (trabajadores equivalentes en horas sindicales) que estiman que hay en la Comunidad de Madrid para ahorrar unos 73 millones.

Aguirre se ha aferrado al mismo ardid que usó el Gobierno de Zapatero para rebajar el sueldo de los funcionarios, el artículo 38 del Estatuto del Empleado Público, que permite suspender los acuerdos públicos por la crisis económica. La Comunidad de Madrid y los sindicatos acordaron a lo largo de los años multitud de convenios que han ido consolidando los derechos sindicales, elevando a 75 horas mensuales el tope legal de 40 que establece el Estatuto. Para controlar estos acuerdos, el Ejecutivo también ha creado un registro en el que llevar la cuenta de las horas sindicales y recoger todos los pactos.

UGT y CC OO calificaron la medida como "atentado democrático" y anunciaron que acudirán a los tribunales. El recorte de liberados sacudió ayer la Cámara regional. La portavoz socialista acusó al Gobierno popular de lanzar "un ataque a los derechos de representación de los trabajadores públicos". Gregorio Gordo (IU) advirtió de que el recorte de liberados puede ser inconstitucional. Además del plan para reducir liberados sindicales, Esperanza Aguirre ha utilizado la ley escoba para aprobar otras medidas de última hora. Antes de que el plan regional entre en vigor, requiere un informe previo del Consejo Económico y Social (CES) y debe ser ratificado por la Asamblea. Otras medidas que contiene el plan son:

- Adelgazar el sector público. Bajo el nombre de Plan de racionalización del sector público, el Gobierno autonómico ha suprimido 19 empresas públicas y otros 83 organismos colegiados o consultivos, con lo que pretende ahorrar 23 millones. El plan supone prescindir de 24 cargos directivos. Además, se privatizarán algunas de las empresas regionales como Desarrollo Internacional de Madrid, Promomadrid, Centro de Transportes de Coslada, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid (Gedesma) y Tecnoalcalá.

Entre los organismos que se suprimen está el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud o el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, entre otros. Otras de las empresas que se eliminan son Aeropuertos de Madrid, que planeaba la construcción del aeródromo de El Álamo; o el Campus de la Justicia, sin actividad tras su fracaso.

Aguirre aseguró ayer que la "inmensa mayoría" del personal que trabaja en estos entes públicos son funcionarios "y como tal, al suprimirse esa entidad pasan a disposición de personal para las necesidades que se produzcan". Pero ni Aguirre, ni fuentes de su Gabinete garantizaron que todos los empleados fueran a mantener su puesto. Por eso, la diputada socialista Maru Menéndez cargó contra la ley escoba, que calificó como "el plan Cameron [primer ministro británico que ha aprobado un recorte sin precedentes del Estado de bienestar] aplicado a la Comunidad".

- Descuentos para los colegios privados. La Comunidad de Madrid fue la primera región en 2009 en permitir deducciones para los gastos asociados a la enseñanza obligatoria no gratuita. Ayer dio un paso más y amplió los tramos de renta y la cuantía que recibirán los padres atendiendo a las quejas de la patronal de los centros privados (Acade), que siempre le ha dicho que los límites existentes hasta ahora dejaban fuera a su público. Aguirre anunció a finales de octubre que estudiaba ampliar las deducciones para "los padres que sufragan por una parte la enseñanza de sus hijos y, por otra, pagan impuestos". En la nueva ley ha triplicado los 10.000 euros anuales de renta por miembro de la familia a 30.000, lo que supone que una familia de tres miembros con ingresos de 90.000 euros anuales tendrá deducciones. Y ha incrementado las ayudas anuales de 500 a 900 euros por hijo. Acade consideró ayer "insuficiente" el apoyo de Aguirre. La patronal reclama que se aumente el tramo de renta por miembro de la familia hasta 40.000 y que la deducción por hijo sea "como mínimo" de 1.000 euros.

- Mantiene la desgravación por vivienda. La Comunidad de Madrid mantiene la deducción, en el tramo autonómico, por adquisición de vivienda que el Gobierno estatal suprime este año. Los madrileños se deducirán de media unos 350 euros.

- Ayuntamientos más autónomos en materia de urbanismo. La ley escoba incluye también modificaciones en la Ley del Suelo para facilitar a los Ayuntamientos las recalificaciones. Se agilizan los trámites para realizar modificaciones puntuales de los planes generales de urbanismo. Es decir, las ciudades podrán cambiar el uso urbanístico de un solar sin necesidad de un informe de impacto territorial, ni del preceptivo avance de modificación. Lo que agiliza los trámites.