El Gobierno asegura que no ha presionado "ni a jueces ni a fiscales"
El ministro de Justicia dará explicaciones a los familiares de José Couso
La reacción del EjecutivoEl Gobierno negó ayer que haya "interferido o presionado a jueces y fiscales" en los procesos judiciales en España que han afectado a intereses de Estados Unidos, como las investigaciones por torturas en la cárcel de Guantánamo, la muerte del cámara de Telecinco José Couso por disparos de militares norteamericanos en Irak y los vuelos de la CIA en territorio español durante el traslado de detenidos irregularmente.
Respecto al caso Couso, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que ha encargado al ministro de Justicia, Francisco Camaño, que se reúna en los próximos días con la familia del cámara de Telecinco, José Couso, fallecido en la guerra de Irak, para explicarle "todo" lo que hizo el Ejecutivo sobre este caso, "de la A a la Z".
El vicepresidente primero se dedicó, tras la reunión del Ejecutivo, a exponer, de manera extensa, la posición del Gabinete sobre los cables enviados a Washington por la representación diplomática estadounidense en España y en los que se muestra la disposición favorable del Ejecutivo a satisfacer sus intereses en los citados asuntos conflictivos, sobre los que EL PAÍS ha informado durante esta semana.
Antes de precisar la posición del Gobierno ante cada uno de los tres casos conflictivos -cárcel de Guantánamo, muerte de José Couso y vuelos de la CIA-, Rubalcaba señaló, a modo de explicación general, que los cables enviados a Washington por funcionarios de la representación diplomática norteamericana en España recogen "una carga de subjetividad que todo el mundo puede apreciar si lo lee".
El vicepresidente primero hizo hincapié en que los cables filtrados por Wikileaks recogen una comunicación bilateral escrita "por alguien de la Embajada de Estados Unidos" que incluye "algunas informaciones, bastantes opiniones, puntos de vista e incluso sugerencias que son de quien las escribe".
A juicio de Pérez Rubalcaba, los responsables de esas informaciones son quienes las han escrito y esas opiniones reflejan lo que esas personas han escrito, con lo que inevitablemente recogen una carga de subjetividad.
El vicepresidente primero del Gobierno puso algunos ejemplos. Recordó cómo él llevó las negociaciones en nombre del Gobierno sobre el desmantelamiento de la base de Guantánamo y que no se sentía identificado con algunas de las informaciones difundidas. "Es una versión de parte y yo no me siento muy reconocido en lo que se dice ahí. En algunas cosas, sí, y en otras, menos", precisó.
Así, negó las informaciones publicadas de que España tuviera una oferta de 85.000 dólares por cada preso de Guantánamo que acogiera en su territorio. "Jamás se habló de dinero y ahí hay algo que simplemente no responde a la verdad", sentenció.
Respecto a los tres casos conflictivos sobre los que la representación norteamericana da su versión, el vicepresidente primero dijo lo siguiente:
- 'Caso Couso'. Pérez Rubalcaba resaltó que la posición del Gobierno "siempre" fue "la búsqueda de la verdad" sobre los sucesos que provocaron la muerte del cámara de Telecinco en marzo de 2003 por disparos de soldados norteamericanos contra el hotel Palestina de Bagdad en el que se encontraba.
Precisó que el Gobierno se guió por el "respeto escrupuloso a la ley" y recalcó que "jamás interfirió ni presionó" a jueces ni fiscales. Aseguró, también, que pidió a la Administración estadounidense que iniciara una "investigación exhaustiva" sobre este tema y que el Gobierno "siempre" ha estado al lado de la familia de José Couso. Anunció que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se entrevistará con la familia del cámara en los próximos días para dar "todas" las explicaciones.
- Vuelos de la CIA. El vicepresidente primero aseguró que el Gobierno había investigado de modo "exhaustivo" sobre la presencia de vuelos de la CIA en territorio español y que se puso a disposición del Parlamento español y de la Eurocámara, donde compareció el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. También hubo una investigación de la Audiencia Nacional, recordó.
Aseguró, asimismo, que el Gobierno pidió y obtuvo de la Administración de Estados Unidos la seguridad de que no había pasado por España ningún vuelo ilegal y que "no había cometido ninguna actividad ilegal" al amparo de estos vuelos.
Pérez Rubalcaba insistió en que el Gobierno, incluso, había aumentado sus exigencias a Estados Unidos sobre lo previsto en los acuerdos bilaterales con ese país. De tal modo que los vuelos que se producen ahora sobre territorio español "se aprueban de uno en uno y no globalmente, como en 2007".
El vicepresidente primero del Gobierno salió al paso de las informaciones atribuidas a su predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, en el sentido de que no ponía reparos a los vuelos de la CIA. Manifestó que "si los vuelos son legales pueden hacerse, porque el acuerdo bilateral los permite". "Pero si en los vuelos van detenidos ilegalmente, no es que no ponga reparos sino que pone todos los reparos del mundo", señaló Rubalcaba, tras recordar que su compromiso con Estados Unidos era que por España solo podían pasar vuelos legales.
- 'Caso Guantánamo'. Pérez Rubalcaba aseguró que el Ejecutivo "siempre" estuvo a favor de la decisión de la Administración de Obama de desmantelar la cárcel de Guantánamo porque "era muy bueno" para la lucha antiterrorista en la medida que significaba fortalecer el Estado de derecho. Y por ello ofreció su colaboración.
Recordó que él personalmente llevó a cabo la negociación con la Administración norteamericana para acoger presos de Guantánamo en España.
- Defensa de los fiscales. El vicepresidente primero hizo una defensa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y del fiscal de los asuntos terroristas en la Audiencia, Vicente González Mota. A dichos fiscales la información publicada les atribuye haberse dejado presionar por funcionarios de la Embajada estadounidense, sobre todo en el caso Couso.
"Los principios sobre los que se ha guiado el Gobierno en estos casos son aplicables a ellos [Conde-Pumpido, Zaragoza y González Mota]". Dichos principios, recordó, son los de "respeto escrupuloso a la ley; investigación a fondo y reparación".
