Razones de una movilización inédita

La Junta de Andalucía defiende que ningún funcionario perderá derecho alguno en la reorganización y que no se verá afectado el carácter público de la Administración por las nuevas agencias. Sin embargo, los funcionarios, de todos los partidos, no opinan lo mismo y se han sumado a movilizaciones sin precedentes en este sector. Éstas son las circunstancias que prevén y las razones de sus protestas:

- Funcionario en agencia. Algunos empleados pasarán a las nuevas entidades y mantendrán su condición para poder ejercer labores que sólo pueden realizar como funcionarios, pero estarán a las órdenes de las Agencias y de sus directivos, que no son funcionarios. Podría suceder que tengan que cambiar de sede.

- El funcionario se convierte en personal laboral de agencia.

El funcionario que pase a una agencia "voluntariamente" puede quedar en "excedencia por prestación de servicio" y se convierte en personal laboral de la nueva agencia, pero esta condición no está debidamente regulada. Se respetarán los derechos adquiridos y se tendrán en cuenta los méritos y la antigüedad. Pero consideran los funcionarios que perderán opciones de promoción o reincorporación a otro puesto. Además, la plaza dejada por el funcionario no va a seguir activa, por lo que se generan dudas de qué función tendrán si vuelven.

- Personal laboral de la Junta que pasa a una agencia. Si el centro desaparece y su función la asume la agencia, este empleado tiene que integrarse obligatoriamente y pierde su condición en la Junta. Su integración es obligatoria y tiene limitación temporal de cinco años para presentarse a concursos de traslado. Se someterán al convenio de la agencia, pero no hay garantías de que éste mejore las condiciones de las que parte.

Estos son los principales efectos laborales a título individual, a los que habría que sumar otros más amplios que entran en el ámbito más político, social o general, pero que también forman parte del argumentario de los funcionarios en sus movilizaciones.

- "Huida del Derecho administrativo". El CSIF considera que el decreto permite la "huida del derecho administrativo", que es más garantista, y le permite evitar controles de ejecución de gasto y de contratación. La Junta rebate estos argumentos y afirma que la fiscalización será exhaustiva.

- Principios de contratación. Los funcionarios afirman que sólo el acceso a la función pública regulada garantiza que se respeten los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en las contrataciones del personal. Algo que los empleados de los entes públicos niegan porque aseguran que sus contrataciones se han producido de acuerdo a los mismos principios, pero sin oposición.

- "Privatización de los servicios públicos". Los funcionarios temen que el fin último de esta regulación sea la paulatina desaparición de los funcionarios y la delegación de los servicios en agencias regidas por derechos y objetivos privados.

- "Todos funcionarios". Según la CSIF, todos los empleados, tanto de la Administración General como de la Junta, pasan a ser empleados públicos, pese a que el Estatuto Básico del Empleado Público excluye al personal de los entes instrumentales con sometimiento al derecho público.

- "Administración paralela". El decreto, según los funcionarios, legitima la que llaman administración paralela, la formada por los entes instrumentales creados desde los años ochenta y sobre los que se han quejado tradicionalmente al considerar que usurpan sus funciones.