Un desfase de 38 millones en las ayudas presupuestadas hasta 2004
La Intervención General de la Junta descubrió que a finales de 2004 el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) había contraído obligaciones de pagos con terceros que superaban los créditos aprobados en 38 millones de euros. De este modo, la Dirección General de Trabajo bajo mando de Javier Guerrero obligó al IFA a contraer obligaciones para la Junta sin cobertura presupuestaria. Se firmaban convenios que se pagaron durante los ejercicios posteriores.
Hasta finales de 2004 el IFA comprometió pagos con diferentes empresas que solicitaron ayudas por un monto total de 199 millones de euros.
La cifra de 38,3 millones de euros de desfase corresponde a los ejercicios de 2001, 2002 y 2003, si bien posteriormente las obligaciones de pago serían compensadas en los ejercicios posteriores. Esta circunstancia es habitual en entes instrumentales dependientes de la Junta. La diferencia se habría evitado si las ayudas se hubieran tramitado como subvenciones excepcionales y el Consejo de Gobierno las hubiera aprobado, tal y como se hacía antes de 2001. Esa recomendación de la Intervención General a favor de las subvenciones excepcionales coincide con la policía judicial y está en contra del criterio que defendió el consejero de Empleo, Manuel Recio, la semana pasada.
El desfase nació en 2001 con el convenio marco firmado entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el director del IFA y posterior consejero, Antonio Fernández. Dicho convenio marco que careció de un informe del gabinete jurídico, caducó dos años después, en 2003, y en vez de renovarlo la consejería optó por aferrarse a cada convenio que beneficiaba a cada empresa, sin convenio marco.
La Junta tiene contabilizada la concesión de un total de 193 ayudas a empresas en crisis. El grueso de las ayudas se concedieron entre 2001 y 2005 (144 expedientes), y desde ese año el número de subvenciones descendió de manera progresiva. En 2006 figuran en los archivos 17 nuevos expedientes, en 2007 se concedió una decena, en 2008 fueron 13 y finalmente en 2009 las subvenciones se redujeron a nueve expedientes.
Entre las ayudas concedidas destacan los 20,8 millones que recibió la empresa Novo Comlink España, los 3,7 millones que recibió Nexpron o Mac-Puar Componentes, que percibió 2,2 millones de euros.
Mientras, ayer el director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, presentó en el Juzgado 6 que investiga el caso un escrito con su vida laboral para demostrar que él no pudo participar en el intento de prejubilar a la intrusa Carmen Fontela en 2003, ya que se incorporó a la empresa pública en 2004.
La policía judicial achaca a Recio que intentara junto al ex director Fernando Mellet y el ex subdirector Daniel Ponce incluir a Fontela en el protocolo del expediente de regulación de empleo que llevó a cabo Mercasevilla en 2003. "Es claro que Mellet, Ponce, el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, y el actual director de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, intentan ya en 2003 introducir" a Fontela en el primer expediente de regulación de empleo del mercado central. Al presentar su vida laboral, Recio intentó desmarcarse de la "trama" que identificó la juez Mercedes Alaya en la nueva investigación sobre los ERE en Mercasevilla.
La policía hace asimismo partícipe a Recio del pago de 63.800 euros a la empresa Hermes a cambio de un informe ficticio y que ya había realizado Maginae Solutions, la empresa de Ismael Sierra, cuñado del conseguidor Juan Lanzas.
Por su parte, el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, negó que hubiera participado en el intento de incluir a Fontela en el ERE de 2003. "Es mentira la tesis del atestado policial", declaró a Europa Press.
El director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, señaló a Mellet como la persona que decidió incluir al ex dirigente socialista Antonio Garrido en el ERE de 2007 con el acuerdo de Guerrero, por un "compromiso ineludible".
