El CGPJ avala la Ley de Partidos del PP con la oposición de los progresistas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy, por once votos a favor, ocho en contra, una abstención y uno en blanco, el informe que remitirá al Gobierno sobre el anteproyecto de ley de Partidos Políticos, que irá acompañado de dos votos particulares.

El órgano de gobierno de los jueces ha dado el visto bueno al texto del Gobierno que establece, entre otras cosas, que "será declarado ilegal el partido que vulnere los derechos fundamentales o propicie el odio y la violencia", y propone algunas mejoras técnicas.

El portavoz del Consejo, Enrique López, ha declarado en rueda de prensa que el informe, que será remitido al Gobierno en los próximos días, no refleja ninguna duda sobre la constitucionalidad de que 50 diputados, 50 senadores o el Gobierno puedan instar la ilegalización de un partido político, ni tampoco de que la medida sea acordada por la Sala especial del Tribunal Supremo formada por su presidente y otros 15 magistrados del alto tribunal.

Votos particulares

Uno de los votos particulares ha sido el del grupo progresista, minoritario en el Poder Judicial, que mantiene que sólo puede ser el fiscal el legitimado para instar a la disolución de un partido y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la competente para resolverlo.

La minoría progresista del Consejo considera que permitir a 50 diputados o 50 senadores instar la ilegalización de un partido político pone en riesgo los principios de pluralismo político y de la división de poderes, por lo que defiende que sólo tenga esa competencia el Ministerio Fiscal, y que sea la Sala Civil del Supremo la que resuelva sobre la medida, según se recoge en la propuesta que elevará el vocal Luis Aguiar. El otro voto particular ha sido formulado por el vocal designado a propuesta de CiU.

Carácter retroactivo

El ponente del dictamen y vocal del sector mayoritario, Adolfo Prego, ha manifestado en rueda de prensa que, en el Pleno de hoy, la minoría ha introducido además un nuevo punto de discrepancia, no defendido en la Comisión de Estudios, al pretender que el Proyecto proclame expresamente que no puede aplicarse con carácter retroactivo, es decir, por hechos anteriores a su entrada en vigor, ya que de lo contrario pecaría de inconstitucionalidad. Este sector señala que, del texto del Gobierno, se desprende que podría ser aplicado de forma retroactiva, lo que chocaría con el artículo 9.3 de la Constitución, que proclama la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables.

Ante esta pretensión, el sector mayoritario ha rescatado una parte de su informe que había quedado aparcada en la Comisión de Estudios, donde señalan que el texto del Gobierno no tiene efectos retroactivos, por lo que sobra la referencia que propone la minoría.

"Dudas de constitucionalidad"

La minoría plasmará sus tesis en un voto particular, que firmarán los ocho vocales propuestos por el PSOE e IU. Según ha dicho en rueda de prensa el vocal de este grupo Luis Aguiar, el artículo 8 del Proyecto, que recoge el catálogo de conductas que pueden conducir a ilegalizar un partido, plantea "serias dudas de constitucionalidad", ya que es "ambiguo e impreciso".

Sin embargo, ha reconocido que la mayoría, en el informe definitivo, ha admitido alguna de sus propuestas al respecto como la referencia a que un partido pueda beneficiarse de una red terrorista, que admiten que es un concepto ambiguo.

En palabras de Adolfo Prego, esta sugerencia de cambio de la Ley, así como la propuesta de que la lista de conductas no se presente como un catálogo de ejemplos sino como las actividades prohibidas a los partidos, refuerza el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución.

En cualquier caso, tanto los vocales de la mayoría, por boca de Enrique López, como los de la minoría, en palabras de la vocal Montserrat Comas, han indicado que el debate del Pleno ha sido jurídico y no político, y desarrollado entre juristas para mejorar una Ley que ambos sectores consideran útil y necesaria para proteger la democracia.