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LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Los 13 'ertzainas' citados ante el Supremo no consiguen vincular a Batasuna con ETA

Los agentes que intervinieron en dos marchas convocadas por esta formación no identificaron a ningún dirigente 'abertzale' como autor de los gritos a favor de ETA

13 ertzainas que vigilaron dos manifestaciones de Batasuna en San Sebastián han declarado esta mañana ante el Tribunal Supremo, dentro del proceso abierto para la ilegalización de la coalición abertzale. A preguntas del abogado de Batasuna, Iñigo Iruín, ninguno de los agentes ha sido capaz de atribuir a algún dirigente de ese partido los gritos de ensalzamiento a ETA que se profieron durante la marcha.

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El responsable de una dotación de agentes de la Ertzaintza que intervino en la manifestación convocada por Batasuna el pasado 11 de agosto ha relatado, a preguntas del fiscal José María Luzón, que a los pocos minutos de pasar el inicio de la misma -encabezada por Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez, entre otros- se empezaron a corear gritos como Gora ETA. No obstante, el agente ha reconocido que no identificó como autor de estos gritos a ningún dirigente, parlamentario o concejal de esa formación.

Otro de los ertzainas que ha testificado hoy ante el Supremo y que actuó como responsable de la dotación que vigilaba la cabeza de la manifestación, ha señalado que portaban una pancarta en la que se leía Stop al fascismo: Democracia para Euskal Herría y que escuchó gritos "del grueso de la manifestación" pero tampoco pudo señalar a ningún responsable de Batasuna.

Por su parte, el agente instructor del atestado que realizó la Ertzaintza con motivo de ese acto ha concluído, a preguntas de Iruin, que, según del estudio de las filmaciones de vídeo que se recopilaron para realizar el atestado, no se puede acreditar que el dirigente de Batasuna Iñigo Balda dijera al final de la manifestación "Gora Euskadi Ta Askatasuna" ni que se pueda atribuir a algún dirigente de la formación algún grito de ensalzamiento a ETA o amenazas a los ertzainas.

Sin pruebas en las otras dos marchas

Otros dos policías autonómicos han testificado en relación a una manifestación que se celebró alrededor del Ayuntamiento de San Sebastián el 15 de agosto convocada por Batasuna en apoyo a la ikurriña tras la cual se quemó una bandera española dibujada en un plástico.

Los agentes han concluído que no se puede determinar que ningún participante de esa manifestación fuera quien quemó la bandera pues, según relataron unos ciudadanos que intentaban apagar el fuego, unos encapuchados que salieron del casco viejo de San Sebastián la prendieron diez minutos después de que finalizara el acto.

También ha declarado el instructor del atestado por un presunto delito de exaltación de terrorismo en una concentración el pasado 17 de agosto para rendir homenaje a los presos de ETA convocada por "Euskal Presoak Etxera" en el que se colocaron tres ramos de flores, uno de ellos de Batasuna, aunque el agente que intervino ha dicho que desconoce si la única persona que identificó es dirigente o tiene alguna relación con esa formación.

Las declaraciones de testigos continuarán mañana con la comparecencia, a propuesta del fiscal, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía; el comandante de Marina de San Sebastián Carlos Galindo; el senador Gonzalo Quiroga y el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, José Antonio Foncillas.

Imagen de la sala especial del Supremo que debe decidir la ilegalización de Batasuna.
Imagen de la sala especial del Supremo que debe decidir la ilegalización de Batasuna.EFE

Los orígenes del caso

Este caso comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado y el Gobierno presentaron ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización de Batasuna, amparándose en la recientemente aprobada Ley de Partidos.

Ambas demandas fueron admitidas a trámite por la sala especial del alto tribunal encarga del caso, por considerar que se cumplían los requisitos previstos en la ley. Posteriormente, los magistrados decidieron unificar ambas causas, al estimar que tanto el Gobierno como la Fiscalía General del Estado solicitaban exactamente lo mismo.

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