La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen su petición de 12 años para Flórez
Acusan de traición al ex agente del CNI por vender información a Rusia.- Los servicios jurídicos del Estado elevan de cuatro a cinco años la solicitud de pena por el delito de revelación de secretos
La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen su petición de 12 años de prisión por un delito de traición para el ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez, al que acusan de vender información a Rusia entre los años 2001 y 2004. Las dos acusaciones han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en la última sesión del juicio al ex espía, que se celebra a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional en la Audiencia Provincial de Madrid.
Los servicios jurídicos del Estado, que en su escrito de calificación solicitaban como pena alternativa la de cuatro años de prisión por un delito de revelación de secretos, ha modificado ésta al alza, y ahora pide para Flórez cinco años de cárcel en caso de que el tribunal no considere probado que la venta de secretos a Rusia llegara a producirse.
La pista de que Flórez estaba trabajando para Moscú se la dio a España la CIA. Los servicios de inteligencia de EE UU se negaron a compartir información con el CNI en 2004 porque consideraban que los rusos se habían infiltrado en el centro nacional. A partir de ahí, se abrió una investigación que llevó hasta Flórez y que permitió detenerlo en 2007.
El pasado lunes el acusado mantuvo que las dos cartas de ofrecimiento a los servicios de inteligencia rusos que se le incautaron en su domicilio formaban parte de un supuesto práctico que incluyó como anexo en una monografía encargada en 2001 por sus superiores para evidenciar las deficiencias de los servicios de inteligencia.
El de Flórez ha sido el primer juicio celebrado en España por esta infracción penal, recogida en el artículo 584 del Código Penal. El único antecedente sobre un tema algo similar se encuentra en el caso del ex coronel Juan Alberto Perote por las escuchas del Cesid, en el que se le juzgó por un delito de utilización de artificios técnicos de escucha y grabación del sonido.
