La defensa de los vecinos desalojados en Sevilla alega que la Junta permitió la ocupación

Diez días es el plazo fijado por el juez para que el clan de los caracoleños abandone las viviendas públicas habitadas ilegalmente en Sevilla. El abogado defensor de las 41 familias, que el verano pasado se exiliaron del Polígono Sur tras un tiroteo y se reinstalaron después de un éxodo chabolista, alegará que durante años la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de la ocupación y que, además, la falta de escrituras es frecuente en las Tres Mil Viviendas.

El abogado José Estanislao, que se basará en el principio de igualdad y de no discriminación,

ha anunciado que intentará acreditar ante el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla que el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas". Un total de 41 viviendas, propiedad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que fueron adquiridos con los 42.000 euros que les concedió el Ayuntamiento de Sevilla por el desalojo voluntario del poblado chabolista de Los Bermejales.

Después de que ayer compareciesen una decena de familias, José Estanislao, abogado que representa al colectivo, ha informado de que hoy han declarado ocho miembros de unas seis familias por la supuesta "ocupación ilegal". Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, pero regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas.

Durante y después del éxodo chabolista, la ya extinta Consejería de Vivienda inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las viviendas públicas habitadas por estas familias. Al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. La administración autonómica sólo resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas. No obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.