Román dice que el 'pelotazo' de Crucero Banús no dependía de Roca sino del mercado

El ex teniente de alcalde Pedro Román sigue hoy esquivando hábilmente las preguntas de las acusaciones en el juicio del caso Malaya sobre la corrupción en Marbella (Málaga). El ex edil y promotor inmobiliario ha afirmado que el pelotazo de 6,3 millones de euros en la recalificación de la parcela de Crucero Banús, de la que Román fue el principal beneficiario, no dependió de la influencia del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, socio en la operación, sino que las ganancias "dependían del mercado inmobiliario".

Román, de 68 años, ha asegurado que le pareció "normal" que Roca, de quien dependía entonces el urbanismo de Marbella, entrara en 2001 en la sociedad que adquirió la parcela. Tras la compra por Román, Roca y otros dos socios -el comisario Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann- esta finca, de 500 metros cuadrados de uso residencial, pasó a tener uso residencial y su edificabilidad se multiplicó por 21. Los socios compraron la finca por 4,3 millones de euros y la vendieron en octubre de 2002 por 10,6 millones al constructor José Ávila Rojas. Los beneficios se ingresaron en las cuentas de la sociedad en Suiza, y de allí se derivaron a distintas fundaciones de los socios en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

El ex teniente de alcalde y mano derecha de Jesús Gil entre 1991 y 1998, considera que no existe "conflicto de intereses" en el hecho de que Roca participara en la operación. "Mi papel era el de formar el grupo inversor [para comprar la sociedad Yambali, dueña de la parcela] y me desentendí del resto. Roca me dijo que tenía un inversor, pero yo no sabía quién era, y no le di más importancia", ha asegurado Pedro Román.

A preguntas del letrado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular, Román asegura que el convenio que permitió la recalificación ya estaba "pactado por Jesús Gil con el anterior propietario" de la sociedad Yambali, que ya ha fallecido. Los socios compradores vendieron la parcela junto con el convenio firmado a Ávila Rojas. "Creo que no le comenté que Roca estaba en la sociedad", ha afirmado.

Román se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de cárcel y 14,6 millones de euros de multa por blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública. El ex teniente de alcalde se ha escudado en que él, como persona física y particular, no tiene responsabilidades en las empresas familiares. "Yo he sido asesor y asesoraba siempre, pero las decisiones últimas las tomas el administrador de la sociedad, en Suiza".

En respuesta al abogado del Estado, ha sostenido que el hecho de tener sus sociedades en Suiza, a nombre de testaferros, "no es por opacidad ni para eludir impuestos", y que en el caso de Crucero Banús, poner el dinero en cuentas de la Confederación Helvética fue "una imposición" del vendedor de la parcela.