La Sindicatura de Comptes pide sanciones a los ayuntamientos que no rindan cuentas

El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha reclamado hoy en las Cortes Valencianas un régimen sancionador que penalice a aquellas entidades locales que no rindan sus cuentas ante este organismo, y ha propuesto que esta rendición sea un requisito para acceder a subvenciones y ayudas públicas.

Queralt ha presentado en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda el Informe Especial sobre las Competencias en la Fiscalización de Entidades Locales, donde ha hecho esta petición "con la boca pequeña" y "todas las cautelas" por "los peligros" que puede entrañar.

El síndic se ha preguntado "qué culpa tiene un vecino" de que no se otorguen subvenciones a su municipio "porque su alcalde no cumple", y por ello ha considerado necesario que se establezca "un procedimiento eminentemente garantista" que desea pueda ser consensuado por todos los grupos parlamentarios.

Compromís y EU se han mostrado partidarios de esta iniciativa, mientras que los populares han defendido que más que un régimen sancionador propio para este tipo de órganos de fiscalización autonómicos, éstos deberían "ser partícipes de la potestad sancionadora del Tribunal de Cuentas". Mireia Mollà (Compromís) ha preguntado si es posible ampliar ese régimen sancionador a la Administración autonómica, mientras que Ignacio Blanco (EU) ha pedido conocer cómo se aplicaría este régimen sancionador para evitar perjudicar solo a los ayuntamientos más pequeños y con menos recursos.

El síndic ha insistido en la necesidad de establecer este régimen sancionador, que ya funciona en otras autonomías, aunque ha señalado que para lograr que todos las entidades locales rindan sus cuentas también se requiere una mayor divulgación, ya que muchas dicen no hacerlo por desconocimiento o por problemas con el sistema.

Mollà también se ha interesado por la capacidad de la Sindicatura de actuar de oficio y "liderar las denuncias" de "todos los escándalos e irregularidades" que detecta en sus auditorías, a lo que Queralt ha respondido que los miembros de esta institución no son "detectives ni policías".

Julián López (PSPV) ha abogado por un aumento de las fiscalizaciones específicas, propuesta que ha compartido con EU, mientras que José Marí (PP) ha defendido que las cuentas de las entidades locales de más de 50.000 habitantes o con presupuestos similares a municipios de ese tamaño sean fiscalizadas anualmente.

Queralt, quien ha repasado toda la actividad desarrollada en estos años, ha asegurado que su objetivo es fomentar la rendición de cuentas, que actualmente se sitúa en torno al 91%, así como fiscalizar todas las grandes corporaciones al menos una vez en cada legislatura, incluyendo todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y las tres diputaciones.

Asimismo, ha considerado necesario que se adopten medidas por parte de las propias entidades locales, de los órganos legislativos y de la Generalitat, y en concreto, ha planteado modificar la regulación de la Cuenta General de Entidades Locales para que incluya todos los organismos participados por estas entidades, aunque esa participación no sea íntegra.