Casas abronca al Parlamento en su despedida del Constitucional

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, se despidió ayer de su cargo con un severísimo discurso, en el que abroncó al Parlamento por el "notorio retraso de más de tres años en la renovación del Tribunal", lo que implica "un incumplimiento grave de la Constitución" y perjudica "a la calidad de la democracia". La presidenta no ahorró críticas, "especialmente al Parlamento, que infringe las previsiones de la Constitución", ni a los políticos catalanes que descalificaron globalmente o cubrieron de improperios al tribunal por la sentencia del Estatuto y a los que exigió la "mesura y respeto institucional" que ellos mismos merecen.

Casas se ganó al auditorio, mayoritariamente integrado por jueces y magistrados, que aplaudieron largamente la intervención de la presidenta. Los magistrados de ambos bloques del Constitucional, consultados por los periodistas, mostraron su respaldo unánime a las palabras de la presidenta. Al acto asistieron los ministros de Justicia, Francisco Caamaño; Presidencia, Ramón Jáuregui; el presidente del Supremo, Carlos Dívar, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

"La crispación en torno al Estatuto ha sido a todas luces excesiva"

Casas centró su intervención en el incumplimiento de los plazos de renovación del tribunal y en que este, por primera vez en su historia, se renueva con 11 magistrados en vez de los 12 que dispone la Constitución. Añadió que si las designaciones no se llevan a cabo en el tiempo previsto, "quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento".

En su discurso de cierre tras los 12 años en que ha permanecido en el tribunal, la presidenta se refirió a la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña señalando que ha sido "la respuesta fundada en derecho" al recurso del PP. En último término, dijo, "la crítica del tiempo nos dirá en qué medida la sentencia ha conseguido el acierto al ensamblar los principios de unidad y autonomía que conforman España".

Casas lamentó el grado de crispación que ha rodeado a la sentencia sobre el Estatuto catalán, "a todas luces excesivo", y se quejó del "uso abusivo de la recusación de magistrados constitucionales" que, entre otras "disfunciones" comporta el "riesgo cierto de manipulación de la composición del tribunal". En su balance de la tarea desarrollada, aseguró que el tribunal ha mantenido "un elevado grado de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos" y se ha mostrado "inflexible con la tortura", ha amparado las libertades de expresión, información y manifestación y los derechos laborales y sindicales.

Según su presidenta, el tribunal también ha velado por los derechos de participación política, "siempre que no se usen para burlar la ilegalización de partidos políticos por apoyar la violencia terrorista", una línea que ha refrendado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Añadió que, tras la reforma de su ley orgánica, el Constitucional ha resuelto 50.000 recursos de amparo desde 2007, lo que ha permitido reducir el número de asuntos pendientes de 14.000 a 3.500. Durante su etapa en la presidencia, el Constitucional ha enjuiciado 156 leyes estatales y 126 normas de las autonomías.

Antes de concluir, se congratuló de la incorporación de la magistrada Adela Asúa, pero no dejó de resaltar que "es la cuarta mujer que desempeña el cargo, de un total de 49 magistrados que han servido en el tribunal". Al recordar al fallecido magistrado Roberto García-Calvo señaló que "la tristeza por su muerte se ahonda ante la constancia de que el Congreso no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante".

Tras despedirse de sus compañeros cesantes, el vicepresidente Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, concluyó emotivamente: "Doce años son muchos y los he vivido intensamente: no los cambiaría por nada. Aquí los dejo, pero los llevaré siempre en mi memoria".

Los asistentes apoyaron también el discurso del presidente en funciones, el conservador Javier Delgado, quien declaró constituido el nuevo tribunal "dejando constancia de la anomalía de su situación", en sintonía con la alocución de Casas.