Penas de entre 11 y 52 años a cuatro miembros de una agencia que extorsionaban y secuestraban a los morosos
La Audiencia Nacional ha condenado a penas que oscilan entre los 11 y los 52 años de prisión a cuatro integrantes de una banda que se dedicaba a cobrar a morosos mediante extorsiones, secuestros y simulacros de fusilamiento, y que cobraban un tanto por ciento de la deuda por su gestión. De los 14 procesados, sólo nueve fueron juzgados. Cinco de ellos han quedado absueltos por falta de pruebas. De los otros cinco que no fueron juzgados, tres, entre los que figuran los organizadores de la agencia de cobros, han sido declarados en rebeldía. Los dos restantes serán juzgados próximamente, ya que sus abogados no pudieron asistir al juicio.
Los condenados son Julio Burrieza Jaro, Pedro Andrés Vera Puentenueva, Luis García López Oropesa y José Quesada Ruiz Todos ellos han sido penados por diversos delitos de detención ilegal (secuestros). Los tres primeros han sido considerados culpables también de varios delitos de amenazas, y Burrieza y Vera han sido condenados asimismo por delitos de lesiones graves.Indulto parcial
La Audiencia Nacional ha coniderado que las penas impuestas son excesivas y en la propia sentencia agrega que cuando la resolución sea firme, es decir que no esté pendiente de recursos, se proponga al Gobierno el indulto parcial de las condenas impuestas. Concretamente, propone para Burrieza, la reducción de 52 años a 17 años; para Vera y García, de 11 a 5 años; y para Quesada, de 20 a 10 años.
La sentencia señala que a finales de 1979, varios de los procesados decidieron crear una organización para cobrar deudas a morosos. Estas personas, algunas de ellas huidas, agruparon a un conjunto de individuos que conocían por su carácter violento y difundieron entre diversos ambientes de las ciudades de Granada y Jaén la existencia del grupo, al que presentaron como una agencia de cobros legalizada y dirigida por abogados, licenciados en Filosofia y Letras y ejecutivos.
Una vez que a juicio de sus promotores la organización adquirió estructura suficiente, sus miembros realizaron diversas acciones, en ocasiones conjuntamente y otras de forma individual.
En enero de 1980 y para "cobrar unas deudas del acreedor José Martínez del Castillo, del que no se ha probado que conociera la auténtica actividad del grupo, abordaron al industrial Francisco Rivas Carrasco, al que amenazaron e insultaron. Después de ser trasladado de lugar en varias ocasiones en su propio coche, un BMW, mientras se le exigía el pago de la deuda "con todo tipo de intimidaciones", Rivas continuaba negándose a entregar la cantidad adeudada. Los extorsionadores le volvieron a introducir en el BMW. Con los ojos tapados con esparadrapo sobre el que llevaba unas gafas oscuras, tirado en la parte posterior del coche, fue conducido a las afueras de Madrid, donde le amenazaron de muerte tras colocarle una pistola en la espalda.
Finalmente, Rivas accedió a pagar y llamó a su mujer, que firmó varios talones por valor de más de seis millones de pesetas. A continuación, los miembros del grupo le trasladaron en el BMW a Jaén, donde, en un establecimiento de su propiedad, se apoderaron de electrodomésticos valorados en mas de un millón de pesetas.
Al día siguiente, volvieron a Madrid, y, tras confirmar uno de los talones, valorado en más de millón y medio de pesetas, dejaron a Rivas en libertad, aunque a los pocos dias tuvo que entregar otras 88.000 pesetas. En junio de ese mismo año, fue secuestrado nuevamente, aunque esta vez estaba arruinado y después de varias gestiones le dejaron en libertad. Rivas falleció posteriormente sin que conste la causa ni la fecha de su muerte.
Nuevos secuestros
La sentencíá relata tambie otras extorsiones en las que intervinieron varios miembros del grupo, fundamentalmente los fugados, con la salvedad de que en algunos casos, por procedimientos similares, los procesados se hicieron con dinero que se les había encargado cobrar, u obligaron a firmar documentos que por procedimientos legales nunca habrían sido suscritos.
En estos casos fueron . extorsionados Antonio Pastor Rivera (ver recuadro adjunto), al que cobraron alrededor de 2,5 millones de pesetas; Manuel Gelado Rodríguez, al que tras ser secuestrado y golpeado brutalmente, con amenazas de ahorcarle, le cobraron cinco millones de pesetas; y Martín Carcía Romo, al que obligaron a firmar un escrito por el que se dejaba sin efecto un contrato de arrendamiento sobre un local de aparcamiento de 300 plazas en Valladolid.
Martín García fue secuestrado en Valladolid por encargo de su propio cuñado, dueño del aparcamiento, procesado y en rebeldía en este sumario. Llevado a una finca de un pueblo de Ciudad Real "después de todo tipo de imprecaciones, fue desnudado y golpeado de forma contundente en todo el cuerpo". Tras firmar el documento fue puesto en libertad, en Madrid. García sufrió fisuras costales, contusiones y hematomas y estuvo más de un mes sin poder trabajar.
