Argentina afronta el riesgo de la fuga de capitales tras el fin del 'corralito' financiero
El Gobierno espera que los 5.850 millones de euros liberados se mantengan en el país
Argentina afronta hoy la apuesta económica más arriesgada del último año. La apertura del corralito financiero, que limitaba la retirada de fondos de las cajas de ahorro y de las cuentas corrientes de los bancos, pondrá a disposición de los argentinos unos 21.000 millones de pesos (5.850 millones de euros). Durante un año, autoridades y expertos se han preguntado si liquidar el corralito provocaría una fuga masiva de capitales o si, por el contrario, reactivaría la actividad económica del país. El Gobierno confía en que las medidas adoptadas durante este tiempo impidan que el dinero huya de Argentina.
El sistema volverá a operar en las mismas condiciones de hace un año, cuando el ex ministro de Economía Domingo Cavallo impuso las restricciones para detener la fuga masiva de depósitos, estimada en 18.000 millones de dólares en 2001. Sólo se mantiene en pie el llamado corralón sobre los depósitos a plazo fijo superiores a 10.000 pesos (unos 3.000 euros), que fueron canjeados en parte por bonos o certificados a pagar a plazos de entre cinco y 10 años.
En la práctica, el muro que separaba a los clientes de su dinero ya había sido agujereado por decisiones del propio Gobierno, que primero dejó libres las llamadas cuentas sueldo, donde las empresas depositan los salarios de sus empleados, y luego aumentó las cuotas semanales de retirada de 250 a 500 pesos. Además, el corralito podía saltarse en el mercado negro recibiendo parte del dinero en efectivo con la garantía de los fondos atrapados. También se utilizaron para cancelar créditos hipotecarios tomados en los mismos bancos.
Revueltas sociales
Los ciudadanos trataron de amortiguar los efectos devastadores de una medida que en dos semanas paralizó la actividad económica y provocó un estallido social. La marea de la furia arrastró al propio ministro Cavallo, al presidente Fernando de la Rúa y a los interinos que le sucedieron. El año entre paréntesis del corralito dejó un saldo impresionante de empresas quebradas, negocios cerrados y vidas definitivamente arruinadas por la pérdida de valor de los ahorros o bienes. La medida fue causa de muertes, suicidios, divorcios, enemistades, depresiones profundas y enfermedades varias.
Poco más de 21.000 millones de pesos (unos 5.850 millones de euros) estarán desde hoy a disposición de los titulares de las cuentas y no habrá límites a los movimientos. La medida, anunciada el pasado 22 de noviembre, también permitirá comprar dólares con cheques y no sólo en efectivo, como hasta ahora. El ministro de Economía confía en que, tras unos días de incertidumbre, los clientes mantendrán el dinero en los bancos y no se refugiarán en monedas extranjeras. La cotización del dólar saltó en la última semana, después del anuncio oficial de que se levantaría el cerco, del promedio habitual de 3,50 pesos, en el que oscilaba desde hacía cinco meses, a 3,66 pesos por dólar.
El presidente del Banco Central de Argentina, Aldo Pignanelli, estima que el techo de la cotización debe ser de 3,50 y advierte de que será "mejor negocio" para los ahorradores mantener su dinero en los bancos a las tasas de interés que les van a ofrecer que comprar dólares, porque el Banco Central "tiene muchas herramientas para controlar el tipo de cambio y las posibilidades de luchar contra ellas son prácticamente nulas". Según Pignanelli, "las reservas se han recuperado y suman ya 10.050 millones de dólares; como el total de pesos en circulación son unos 27.240 millones, se podrían comprar todos a 2,70 por dólar, ése sería el valor si se planteara nuevamente una convertibilidad [del peso con el dólar]".
La temida huida hacia el dólar y el riesgo de que se desate una hiperinflación fue alentada por las versiones de que la mayoría de los nueve miembros de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, apoya una sentencia que invalida las decisiones tomadas desde el pasado enero cuando el Gobierno decidió derogar la Ley de Convertibilidad, que imponía la equivalencia de uno a uno entre el peso y el dólar y pesificó la economía.
En opinión de Pignanelli, "hay que ver si el fallo judicial sale y cómo sale, una decisión de la Corte no significa que de un día para el otro haya que emitir 80.000 millones de pesos". El ministro de Economía, Roberto Lavagna, descarta el canje "compulsivo" de depósitos por bonos de deuda, tal como reclamaba el Fondo Monetario Internacional, entre "las alternativas" que se consideran para devolver los ahorros confiscados en el corralón.
Suben las tarifas de los servicios
El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, ha firmado el decreto que autoriza a las empresas proveedoras de los servicios de gas y electricidad a subir las tarifas a sus clientes y empresas, entre un 7% y un 16% de media, con excepción de aquellos de bajo consumo de la llamada tarifa social. Con esta decisión, más el calendario electoral aprobado por el Parlamento, el Gobierno cumple gran parte de los últimos requisitos reclamados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de firmar un acuerdo para permitir que Argentina demore el pago de su deuda con los organismos multilaterales de crédito hasta 2004. Sólo resta que el Congreso vote el proyecto de ley de presupuesto que recoge las metas de reducción del gasto y de superávit fiscal comprometidas con el FMI.Duhalde afirmó que que "seguramente" hoy se publicará ese decreto en el Boletín Oficial, con lo cual entrará en vigor, e hizo hincapié en que "desde hace un año se viene hablando de un posible tarifazo, pero no ha habido tal tarifazo". Los servicios públicos argentinos tenían regulados sus precios en dólares, convertibles en pesos, con revisiones de acuerdo al nivel de inflación de EE UU, pero, a raíz de la devaluación de enero pasado, el Parlamento congeló las tarifas. Los precios de los servicios públicos se fijaron en pesos -al antiguo valor de uno por uno con el dólar-, a pesar de que la moneda local se ha depreciado un 70% respecto a la divisa estadounidense desde enero. Aunque en un principio se aprobó la revisión de los precios del gas y de la electricidad, está pendiente definir el esquema para los teléfonos y la distribución de agua potable.
