Argentina mira ahora al 'corralón'

Los argentinos recibieron esta semana otras dos noticias negativas para sus bolsillos, aunque el Gobierno de Eduardo Duhalde considera que benefician al país. La primera consiste en el aumento de las tarifas de distribución de electricidad, del 10%, y de gas natural, del 7%. La otra radica en la postergación, tal vez hasta mediados de 2003, del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad del corralón financiero, que establece la pesificación de los depósitos a plazo en dólares y su devolución entre febrero próximo y 2005.

El éxito de la apertura del 'corralito' era impredecible. Los analistas creían que los argentinos jamás confiarían en los bancos

Los ciudadanos de este país suramericano, en crisis desde hace cuatro años y medio, también disfrutaron de una buena nueva: el lunes pasado se eliminó el corralito (congelación de las cuentas de ahorro y corrientes), sin que se registrara una fuga de depósitos con destino a la compra de dólares. Por el contrario, la divisa norteamericana bajó de 3,69 pesos a 3,53. El éxito de la apertura del corralito parecía impredecible hace cinco meses, cuando los analistas señalaban que la inmensa mayoría de los argentinos jamás volvería a confiar en los bancos y mantendría sus ahorros en dólares en sus hogares o en el exterior.

El mismo día en que se desarmó el corralito, el Gobierno aprovechó para difundir el decreto que elevó las tarifas de electricidad y gas, entre ellas las de Metrogás (participada por Repsol YPF), Gas Natural Ban y Edesur (Endesa). Este aumento suponía unas de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Argentina para firmar un acuerdo que postergue hasta 2004 pagos por 15.000 millones de dólares a organismos multilaterales de crédito. Los precios de todos los servicios públicos privatizados habían sido desdolarizados y congelados por la Ley de Emergencia Económica, en enero pasado. Desde entonces, el peso se devaluó el 71% y la inflación creció el 40,7%. Las operadoras advirtieron de que la falta de ajuste en los valores podría provocar fallos en la infraestructura del país.

"Comprensión" del Gobierno

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), Fernando Ponasso, agradeció la "comprensión" del Gobierno, pero aclaró que el ajuste está "muy lejos" del 36% que piden las empresas. Los más disconformes son los usuarios. Los defensores del pueblo de Argentina, Eduardo Mondino, y de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, solicitaron el miércoles a la justicia que anule las subidas. Ambos alegan que el decreto que las autorizó es inconstitucional porque incumple con los procedimientos "mínimos" establecidos por la Ley de Emergencia Económica y viola los derechos de los consumidores que establece la Carta Magna.

Las empresas reconocen que el decreto puede anularse en los tribunales. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, también. Por eso, el Gobierno y los entes reguladores convocaron a audiencias públicas [de discusión de procedimientos en público] dos veces, pero la justicia las impidió.

Los roces del Ejecutivo con el Poder Judicial llegan hasta el Tribunal Supremo. La Corte debía decidir pasado mañana sobre la congelación y pesificación de los depósitos a plazo. Hace dos semanas, los medios de comunicación argentinos difundieron la versión de que cinco de los nueve jueces planeaban ordenar la redolarización de los ahorros y su devolución inmediata. Los bancos se alarmaron porque carecen de los recursos suficientes para el cambio de moneda. El Gobierno también, porque rechaza la posibilidad de asumir el coste de la redolarización mediante la emisión de títulos públicos para compensar a los ahorradores. El juez Carlos Fayt propuso el pasado martes, en la reunión habitual de los ministros de la Corte, que se devuelvan los depósitos en dólares y en un plazo de dos a seis años. Pero inmediatamente después se excusó de la causa aduciendo que él cuenta con un depósito congelado y pesificado de 200.000 dólares. Al carecer de cinco votos, su propuesta quedará anulada.

El Ejecutivo está satisfecho de que se evitó la redolarización de los depósitos. Sin embargo, precisa un fallo de la Corte a favor del corralón para frenar la salida de fondos mediante recursos de amparo judiciales que presentan los ahorradores. Este continuo escape de recursos del corralón complica la situación de los bancos. Por eso, otra de las recomendaciones del FMI consiste en terminar con los recursos de amparo.

Desnutrición, parados que piden alimentos en supermercados, amenazas de saqueos... Los analistas temían que un fallo de la Corte contra el corralón aumentara la incertidumbre y llevara a la salida de esos recursos de los bancos. Ese peligro ya pasó y en el corto plazo la situación de Argentina sólo puede enturbiarse por las movilizaciones previstas para el próximo 20, en conmemoración de la caída del Gobierno del radical Fernando de la Rúa.