Castro justifica la oleada represiva como un intento de frenar "la agresión de EE UU"
La disidencia cree que las ejecuciones y detenciones son una prueba de la debilidad del régimen
Los acontecimientos en Cuba se suceden a ritmos vertiginosos. En menos de un mes, 75 opositores acusados de "conspirar" con EE UU han sido detenidos, sometidos a procesos sumarísimos y condenados a penas que oscilan entre los 6 y los 28 años de cárcel. En el mismo espacio de tiempo se han producido dos secuestros de aviones, uno de una lancha -abortado por la policía- y otro intento más de tomar por la fuerza una aeronave, desarticulado el jueves. El juicio contra los 11 secuestradores del ferry comenzó el 5 de abril: seis días después, los tres cabecillas eran fusilados.
La ejecución de Lorenzo Copello, de 31 años; Bárbaro Leodanis Sevilla, de 21, y Jorge Luis Martínez ha sido el último, más crudo y evidente episodio de la vuelta de tuerca que tiene lugar en la isla estos días.
Los tres cubanos formaban parte de un grupo de 11 personas que el 2 de abril secuestraron una lancha con el propósito de llegar a EE UU. En el remolcador, que realizaba el trayecto entre La Habana Vieja y el cercano poblado de Regla, viajaban 50 personas que fueron tomadas de rehenes. Al quedarse sin combustible, la lancha fue remolcada hasta el puerto del Mariel y allí los secuestradores, armados con pistolas y cuchillos, amenazaron con matar a varios rehenes si no se les dejaba seguir viaje. Después de 38 horas de tensión, el secuestro se resolvió sin heridos gracias a dos turistas francesas que se lanzaron al mar y permitieron a la policía controlar la situación.
El 5 de abril los secuestradores fueron llevados a juicio y tres días después el Tribunal Provincial de La Habana dictó sentencia: tres penas de muerte, cuatro cadenas perpetuas, una sanción a 30 años de privación de libertad, y tres mujeres condenadas a 2, 3 y 5 años de cárcel. El miércoles el Tribunal Supremo ratificó las penas de muerte y un día después hizo lo propio el Consejo de Estado, bajo la presidencia de Fidel Castro.
El Consejo de Estado argumentó su rechazo a conmutar las penas capitales en la "gravedad de los hechos" y en "los peligros potenciales que implicaban no sólo para la vida de numerosas personas inocentes, sino también para la seguridad del país", según La Habana, "sometido a un plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del Gobierno de EE UU y sus aliados de la mafia terrorista de Miami con el único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir a nuestra patria".
Propósito ejemplarizante
Tanto en los juicios contra los disidentes como en el proceso sumarísimo contra los secuestradores, las autoridades cubanas han esgrimido argumentos de "seguridad nacional". En ambos casos, según la tesis oficial, la creciente hostilidad del Gobierno de Estados Unidos es lo que habría provocado este endurecimiento para evitar males mayores.
Los disidentes habrían caído para evitar que cuajen los "planes" de Washington de formar "una quinta columna" capaz de desestabilizar la revolución y de "subvertir el orden interno". Las ejecuciones sumarísimas de los tres principales secuestradores de la lancha Baragua tendrían un propósito ejemplarizante: para evitar que en el futuro otros cubanos intenten desviar por la fuerza naves y aviones hacia Miami, estimulados por la política de bienvenida que durante 40 años les ha dado EE UU, con la pretensión de provocar inseguridad y caos dentro de la isla.
Sin embargo, según disidentes y diplomáticos, esta tesis no se sostiene. "En todos los casos, las penas son desmedidas. El secuestro de la lancha Baragua, aunque fue violento, se resolvió sin heridos. Y lo más que pudieron demostrar las autoridades en el caso de los disidentes es que recibían pequeñas sumas de dinero de organizaciones anticastristas o vinculadas al Gobierno norteamericano, que enviaban noticias críticas a medios extranjeros o que se reunían en casa del jefe de la Sección de Intereses de EE UU en La Habana, James Cason", señala un diplomático europeo.
"Lo sucedido es una muestra de preocupación del Gobierno, un Gobierno que se siente fuerte no actúa de este modo", opina el disidente Elizardo Sánchez. Para él está claro que el Gobierno de Castro lo que ha hecho es "dar la clásica patada encima de la mesa", un "aquí mando yo, cojones".
"El mensaje es claro: que se aliste todo el mundo, dentro y fuera, porque aquí no vamos a permitir que se mueva un alpiste. Y nos da lo mismo lo que pueda pensar, hacer o decir la Unión Europea, España, la Unesco o la ONU", afirma otro opositor.
Para Fidel Castro, el endurecimiento y el ritmo vertiginoso de los acontecimientos no es expresión de debilidad ni de temor a perder el control interno, sino que su país está ante una escalada de "provocaciones" de Washington y debe defenderse. "Ahora estamos enfrascados en esta batalla contra las provocaciones que pretenden conducir a un conflicto y a una agresión militar de EE UU", dijo el viernes en un discurso. Y apostilló: "Vamos a ver cómo termina esa batalla... Si hacen una guerra contra nosotros, se equivocan... porque venimos desde hace mucho rato estudiando cada guerra, cada tecnología, cada cosa de lo que hay que hacer".
El papel clave de los infiltrados
En los cenáculos y jardines diplomáticos de La Habana, y en las oficinas de los periodistas extranjeros, se suponía: la disidencia cubana estaba penetrada hasta el tuétano por la policía. Los activistas de derechos humanos y opositores más veteranos, como Elizardo Sánchez o Vladimiro Roca, lo admitían en privado: los líderes de varios grupos anticastristas y algunos de sus colaboradores podían ser agentes de la Seguridad del Estado. Sin embargo, una cosa es creer o suponer, y otra muy distinta, ver.
El jueves pasado, nueve informantes del Ministerio del Interior que durante años simularon ser opositores al régimen fueron presentados como héroes en sus barrios y en televisión. Los Comités de Defensa de la Revolución, de los que muchos habían sido expulsados, los nombraron miembros de honor o les hicieron reconocimientos públicos, obsequiándoles calurosos epítetos patrióticos.
Uno de los agentes destapados, Manuel David Orrio, Miguel para la Seguridad del Estado, llamó a la oficina de EL PAÍS en La Habana el 14 de marzo para convocar a este corresponsal a un Taller Nacional de Ética Periodística que se estaba celebrando en ese instante en la residencia particular del jefe de la Sección de Intereses de EE UU en Cuba, James Cason. En aquel entonces, todavía Orrio era presidente de la ilegal Federación de Periodistas Cubanos. En el comedor de la casa de Cason, alrededor de una gigantesca mesa, había sentadas una treintena de personas, entre ellas Néstor Baguer, fundador de la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba, que criticó duramente al régimen.
El pasado 4 de abril, el agente Miguel fue testigo de la acusación en el juicio contra el poeta y periodista Raúl Rivero, condenado a 20 años de cárcel. En la vista se exhibió un vídeo en el que Baguer, de 81 años, descubrió su verdadera personalidad: el agente Octavio, colaborador de la Seguridad del Estado desde 1960. Baguer y Orrio declararon que los periodistas independientes eran en realidad "mercenarios" y "vendepatrias" que cobraban para "desprestigiar" a la revolución.
Durante los 29 juicios contra 75 opositores que se celebraron entre el 3 y el 7 de abril declararon una decena de agentes de la Seguridad del Estado infiltrados en los grupos disidentes. Según Orrio, los auténticos opositores ahora están desconcertados: "Están terriblemente confundidos porque no saben cuántos Octavios hay, y no lo van a saber".
