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El mayor escándalo de corrupción municipal

El juez asesta otro golpe a la red de corrupción marbellí con el arresto del ex alcalde Julián Muñoz

La Operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella suma y sigue. La policía detuvo ayer al ex alcalde Julián Muñoz, al ex concejal del Partido Andalucista (PA) Pedro Pérez, y a tres directivos de la promotora inmobiliaria Aifos, una de las empresas más importantes del sector en Andalucía. Los empresarios arrestados son el presidente de la compañía, Jesús Ruiz Casado; el director general, Jenaro Briales; y el responsable financiero, José Andrés León, imputados de un presunto delito continuado de cohecho. Desde el pasado mes de marzo han sido ya detenidas 61 personas, de las que 19 están en prisión.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, informó de que los directivos de Aifos habrían pagado, a cambio de licencias urbanísticas, cuatro millones de euros al presunto cerebro de la trama de corrupción y que fuera gerente municipal de Urbanismo durante los Gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), Juan Antonio Roca. Éste, a su vez, repartió parte del dinero entre los concejales del equipo de gobierno "como contraprestación municipal".

La Fiscalía Anticorrupción pedirá hoy prisión para el ex regidor, un ex edil y los tres directivos de la inmobiliaria
Pasan a disposición judicial tres ejecutivos de la promotora Aifos, que pagó cuatro millones de euros en comisiones a Roca
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Aifos tiene en Marbella dos hoteles de cinco estrellas, Guadalpín y Guadalpín Banús, y las presuntas irregularidades en las licencias de ambos establecimientos están bajo investigación en otro juzgado marbellí.

El fiscal pedirá hoy el ingreso en prisión de los cinco detenidos, que deberán testificar previamente ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres.

Salinas explicó también que no se trata de una tercera fase de la Operación Malaya, sino un "coletazo" de la anterior, ya que las detenciones practicadas ayer fueron ordenadas por el juez tras examinar la documentación intervenida en los registros de la segunda fase y después de los interrogatorios a los detenidos.

En la segunda fase ya fue detenido otro directivo de Aifos, el director comercial, Francisco García Lebrón, quien quedó en libertad bajo fianza tras prestar a petición propia una segunda declaración ante el juez, que había ordenado su ingreso en prisión tras oírle por primera vez.

Registro de cuatro horas

El ex alcalde Julián Muñoz, imputado por presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos, fue detenido por la policía cuando salía de su domicilio en la urbanización La Pera sobre las nueve de la mañana. Los agentes le interceptaron y le hicieron regresar a la casa, que registraron durante unas cuatro horas, antes de conducir al ex alcalde a la comisaría provincial de Málaga, desde donde hoy será trasladado a los juzgados de Marbella.

Numerosos curiosos se acercaron hasta la zona para interesarse por la suerte de Muñoz y por el estado de su compañera sentimental, la tonadillera Isabel Pantoja. Un trabajador de la vivienda que comparte la pareja informó de que la mujer estaba "muy nerviosa y deprimida" por una detención "que no esperaba nadie".

Muñoz fue alcalde entre mayo de 2002 y agosto de 2003, cuando fue derrocado por una moción de censura suscrita por ocho concejales del GIL, tres del PA y tres tránsfugas, y que fue urdida presuntamente por Juan Antonio Roca. Los 14 concejales que firmaron aquella operación política han sido detenidos en el transcurso de la Operación Malaya, excepto el edil andalucista Carlos Fernández, contra quien pesa una orden de búsqueda y captura. De ellos, 10 están en prisión.

Algunos de los ediles interrogados hasta ahora han reconocido ante el juez haber cobrado gratificaciones que Roca les entregaba en unos sobres, y que supuestamente provenían de las comisiones que éste cobraba a los promotores inmobiliarios.

Ayer, fue detenido el único edil participante en la moción que hasta ahora no había sido citado por el juez, el andalucista Pedro Pérez, imputado por un presunto delito continuado de cohecho. Según relató al juez un ex concejal, Pérez llevaba el dinero para los gastos en el viaje que los 14 concejales de Marbella hicieron días antes del debate de la moción de censura y que supuestamente financió Roca.

Pérez estuvo en el equipo de gobierno hasta octubre del año pasado, cuando la ex alcaldesa Marisol Yagüe expulsó a los tres ediles andalucistas tras acusarles de extorsionar a funcionarios municipales para que colaboraran a la financiación del PA.

Entre mayo de 2005 y abril de 2006, Pérez fue secretario general de los andalucistas en la provincia de Málaga. Dimitió por sorpresa tras constituirse la gestora de Marbella, momento en el que se apartó de la actividad política y pidió su reincorporación a su puesto de funcionario municipal. Dos días después de que se practicaran las detenciones de la segunda fase de la Operación Malaya, Pérez pidió una baja por enfermedad.

18 concejales y un asesor todopoderoso

La red de corrupción desmantelada por el juez Miguel Ángel Torres en Marbella tenía un cerebro principal, Juan Antonio Roca, ex asesor de urbanismo, y 18 colaboradores necesarios (concejales y alcaldes) sin cuyo voto en los plenos hubiera sido imposible la comisión del delito. En las tres fases sucesivas de la instrucción judicial, han sido detenidos 18 de los 27 concejales que componían la corporación municipal. De esos 18 ediles, 13 apoyaron la moción de censura contra Julián Muñoz.

Seis abogados, testaferros de Roca

Juan Antonio Roca, según la investigación judicial, ha invertido los beneficios obtenidos mediante el cobro de comisiones a cambio de licencias urbanísticas o convenios muy favorables a los promotores, en diversos negocios, algunos de ellos inmobiliarios. Para esas inversiones, ha utilizado a seis abogados, que fueron detenidos por la policía dentro de la operación contra la red de corrupción marbellí. Esos abogados figuran al frente de sociedades que gestionan propiedades de Roca.

17 empresarios que pagaron comisiones

17 empresarios, la mayoría dedicados a la promoción inmobiliaria, pagaron durante los últimos años cerca de 30 millones de euros en comisiones a cambio de recalificaciones urbanísticas, licencias de obra o contratos de servicios municipales. Entre esos empresarios figuran algunos de los más importantes de Andalucía y algunos promotores relevantes en la Comunidad de Madrid. El juez ha acreditado que pagaron dinero a Roca para conseguir que se desbloqueasen determinadas obras.

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