García-Bragado alega desconocimiento sobre el hotel del Palau

¿Desconocimiento o premeditación? Esa es la duda que sigue pesando sobre la actuación del cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, y de dos altos funcionarios municipales con relación al hotel del Palau de la Música y a la titularidad de las fincas sobre las que se iba a construir. El edil socialista declaró ayer en calidad de imputado durante más de una hora ante la juez Míriam de Rosa y después de su comparecencia permanece la incógnita.

García-Bragado sostiene, y así lo explicó en su declaración, que se enteró por una llamada de una periodista de EL PAÍS, en agosto de 2009, de que las fincas de la calle de Sant Pere més Alt donde se había de construir el hotel habían cambiado de titularidad tras el pacto alcanzado en julio de 2007 entre los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull, y la empresa Olivia Hotels, SA. De haberlo sabido antes, dijo, se habría incorporado esta información al expediente y se habrían pedido explicaciones, porque, en su opinión, tenía trascendencia política conocer el verdadero propietario de los solares, aunque en ningún momento aventuró que eso hubiera paralizado el proyecto.

El fiscal cree que pactó con Millet y Montull ocultar el verdadero titular

El fiscal Antoni Pelegrín, por el contrario, no se cree esa tesis y sostiene que García-Bragado conocía mucho antes de lo que dice que las fincas habían dejado de pertenecer al Palau y que a principios de 2006, cuando García-Bragado era secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Pasqual Maragall, ya se comprometió con los saqueadores confesos a colaborar para el éxito de la operación en beneficio de un privado. Para ello, según la tesis del fiscal, cuando Bragado ocupó responsabilidades municipales, pactó con el también imputado Ramon Massaguer, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, que debían ocultar en todo momento quién era el verdadero titular de las fincas e invocar el interés público de la operación.

La principal prueba de cargo del fiscal es una carta encontrada en el despacho de Montull, fechada el 2 de marzo de 2006, en la que García-Bragado y el también imputado Carlos Díaz, arquitecto, acuerdan el plan para el éxito de la operación. Otra prueba de cargo serían las cartas fechadas el 17 de julio de 2007 que Millet y Montull han declarado que remitieron a García-Bragado y Massaguer para comunicarles el pacto entre el Palau y Olivia Hotels, SA, sobre la titularidad de la finca, pero los afectados aseguran que nunca recibieron esas misivas.

En cualquier caso, el fiscal acusa a García-Bragado y Massaguer de los delitos continuados de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas) y falsedad en documento oficial. Esos mismos cargos pesan también sobre el director jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Enric Lambies. El fiscal explica en su ampliación de querella que en febrero de 2008 Lambies ya sabía quién era el verdadero titular de las fincas porque unas abogadas se lo dijeron al realizar una consulta en el Registro de la Propiedad. Pese a ello, según el fiscal, Lambies ocultó este hecho y permitió que continuase la tramitación administrativa del proyecto, hasta el punto de llegar a firmar un informe el 6 de mayo de 2009 en el que se aseguraba que las fincas seguían siendo del Palau.

Lambies debía declarar ayer, también como imputado, pero su comparecencia quedó aplazada al próximo día 15. Millet, Montull y Díaz están citados para hoy. Los dos primeros están acusados, además, de los delitos de tráfico de influencias, en el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que fue el que acordó su prisión durante unos días. Otra cosa es la causa judicial por el saqueo, que continúa su pausada tramitación en el Juzgado de Instrucción número 30, a cargo del magistrado Juli Solaz. Una prueba más de la poca prisa del juez por investigar el caso es que hasta el 27 de septiembre y el 1 de octubre no ha citado a declarar a los peritos de la empresa Deloitte y a los peritos judiciales, respectivamente, que realizaron las auditorías del Palau, el principal documento que avalaría el saqueo efectuado por Millet y Montull, y el supuesto desvío de unos seis millones de euros a CiU en concepto de comisiones por obras públicas.