El juez embarga a Ruiz-Mateos los derechos de la antigua Rumasa porque no tiene dinero
El magistrado quita a la familia las retasaciones de los bienes expropiados en los ochenta para cubrir los 618 millones que le exige de forma preventiva por la quiebra de Dhul
Un juzgado ha ordenado el embargo preventivo de las retasaciones de la antigua tras afirmar que José María Ruiz-Mateos y sus hijos Alvaro y Javier no tienen inmuebles, ni dinero para cubrir el embargo de 618 millones de euros acordado. Estas retasaciones corresponden a los derechos que pudiera tener el empresario y su familia del grupo expropiado en los ochenta y pero que están pendientes de ser confirmados en los procesos judiciales abiertos.
El magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de Granada, Blas Alberto González, ha acordado en una providencia mejorar el embargo con los derechos económicos que pudieran resultar a favor del padre y sus dos hijos en los distintos procedimientos judiciales abiertos en relación con la retasación de las acciones de 195 sociedades de la antigua Rumasa.
Concretamente, el juez ha declarado embargados preventivamente los derechos de cobro que resultaran de las retasaciones de las acciones de Galerías Preciados, Banco Atlántico, Banco Condal, Banco de Albacete, Banco Alicantino de Comercio, Banco de Extremadura, Banco de Murcia, Banco de Sevilla, Banco de Toledo, Banco del Oeste, La Almoraima, Hoteles Agrupados y Rumasa. Además, ha incluido en este embargo preventivo las 182 retasaciones acumuladas de las acciones expropiadas de 182 sociedades.
Precisamente el pasado mes de mayo el patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ofreció a los "tenedores legítimos" de pagarés emitidos por sociedades vinculadas a la compañía la cesión de derechos económicos de cobro derivados de las reclamaciones de retasación de la expropiación de la antigua Rumasa.
Dos días después del anuncio, el Ministerio de Economía y Hacienda aseguraba en un comunicado que el Estado español no debe nada al empresario José María Ruiz-Mateos, ni a su familia, y que las acciones legales emprendidas por estos contra el Estado por la expropiación de Rumasa han sido rechazadas por los tribunales de Justicia.
Ahora, esta decisión de mejora de embargo se adopta a instancias de la administración concursal de Dhul, después de que esta haya constatado que José María Ruiz-Mateos y sus hijos Alvaro y Javier no tienen en la actualidad ningún bien inmueble inscrito a su nombre en todo el territorio español, según figura en los registros de la propiedad.
En su escrito al juzgado, el juez ha detallado que estos tres miembros de la familia Ruiz-Mateos tampoco cuentan con el saldo suficiente en sus cuentas corrientes para responder al embargo que por 618 millones de euros ordenó un juzgado de Granada a instancias de la administración concursal de la empresa de postres lácteos.
En el documento se explica que los "supuestos" saldos de las cuentas corrientes de José María Ruiz-Mateos y sus hijos Javier y Alvaro son "a todas luces insuficientes" para responder de los 618 millones que acordó este juzgado, al ser "prácticamente inexistentes", todo ello sin contar con la "incertidumbre de que se correspondan con los saldos que existan a la fecha del embargo".
El pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada acordaba embargar cautelarmente bienes del patriarca de la familia Ruiz-Mateos y dos de sus hijos por un importe de 618,26 millones de euros, porque hay "visos reales" de que sean considerados culpables del agujero patrimonial del fabricante de postres Dhul.
El juez Blas González justificaba que José María Ruiz-Mateos y sus hijos Javier y Alvaro "no sólo han podido generar con su conducta, impropia de un gestor leal, la insolvencia de la concursada, sino que además la agravaron" con una "gestión sencillamente temeraria y ajena a cualquier consideración sobre los intereses" de Dhul.
Además, en otro de los procesos abiertos en los tribunales por el fiasco de Nueva Rumasa, Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos y administrador único de decenas de sociedades de Nueva Rumasa, aseguró ayer ante el juez no recordar el destino de 54 millones de euros que retiró de Carcesa, según informa Cinco Días en su edición de hoy.
