El Constitucional rechaza el recurso del PP contra la ley electoral de Castilla-La Mancha
El alto tribunal avala el nuevo reparto de escaños y afirma que la demanda es "puramente arbitraria y desprovista de cualquier justificación"
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores del PP, entre ellos la secretaria general, María Dolores de Cospedal, contra la reforma la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, aprobada en noviembre de 2007 en las Cortes autonómicas con los votos del PSOE y que otorgaba a Guadalajara y Ciudad Real un mínimo de un escaño más en la división de los diputados regionales.
El recurso consideraba la reforma "antidemocrática e injusta" por entender que el reparto no garantiza la proporcionalidad ni la igualdad del voto de los ciudadanos en función de su lugar de residencia. Cospedal será la cabeza de cartel del PP en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo y, según una reciente encuesta interna del PSOE, entre ella y el candidato socialista, el actual presidente José María Barreda, solo hay un escaño de diferencia. En 2007, el PSOE sacó cinco diputados al PP. Según el PP, resultaba evidente que la reforma fue mucho más allá de la simple representación adecuada de las provincias menos pobladas, discriminando a las provincias mayores sin el menor criterio proporcional.
En concreto, la nueva Ley Electoral establece que las Cortes Regionales tendrán un mínimo de 49 escaños, frente a los 47 que establecía el Estatuto de Autonomía. Esos dos nuevos escaños de obligado cumplimiento se otorgan a Toledo (pasa de 11 a 12) y a Guadalajara (de 7 a 8).
En su sentencia, el Tribunal Constitucional descarta todas las argumentaciones del PP. En primer lugar, critica que "las operaciones aritméticas que ofrecen los recurrentes como reveladoras de la quiebra de la proporcionalidad que denuncian han sido elaboradas a partir de los datos de población correspondientes al 1 de enero de 2007". Dichos datos, continúa, "fueron publicados y declarados oficiales en diciembre de 2007" y, por lo tanto, el legislador "en modo alguno" pudo tenerlas en cuenta pues en el momento de la aprobación de la Ley Electoral "dichas cifras ni habían sido declaradas oficiales, ni habían sido publicadas ni, en fin, habían comenzado a producir efectos".
El tribunal, además, niega que el nuevo reparto de escaños pueda calificarse de "irrazonable o arbitrario", en particular, debido a la incidencia o relevancia de esos cambios, "la de asignar los dos nuevos escaños a las circunscripciones de Guadalajara y Toledo". El Constitucional reconoce que en la legislación "existe desigualdad" pero esta "no puede estimarse constitutiva en este caso de una discriminación constitucionalmente proscrita, pues no se encuentra desprovista de una justificación objetiva y razonable ni su magnitud se revela como notoriamente excesiva".
Por último, el alto tribunal critica los demandantes a los que acusa de limitarse a calificar de "puramente arbitraria y desprovista de cualquier justificación, sin aportar al respecto indicios que alcancen a desvirtuar su presunción de constitucionalidad más que el relato o las afirmaciones que hacen sobre los supuestos motivos que, a su juicio, han llevado al legislador a aprobar dicha Ley, argumentos que no pueden formar parte de un debate procesal que se desarrolla en esta sede y que tiene por objeto normas, no intenciones".
En definitiva, aunque eran posibles otras alternativas, se trata de una decisión adoptada por el legislador dentro del margen de configuración del que constitucionalmente goza, y el Tribunal no puede interferirse en ese margen de apreciación.
El PP comparó a Barreda con Hitler, Mussolini, Chavez y Morales
El Partido Popular de Castilla-La Mancha arremetió contra el PSOE incluso ante de que se tramitara la reforma. El presidente de la Junta, José María Barreda, pretendió en un primer momento que los cambios tuvieran validez en los comicios de mayo de 2007, lo que provocó una cascada de reacciones y acusaciones por parte del PP, sobre todo de su secretaria general y candidata castellanomanchega, María Dolores de Cosepdal.
En enero de aquél 2007, Cospedal aseguró que la reforma se estaba haciendo de "tapadillo" y acusó: "Los golpes de Estado no los vamos a consentir". Cospedal comparó al presidente castellanomanchego con el máximo mandatario venezolano, Hugo Chávez y remató que la nueva ley "no tiene equiparación en el mundo occidental".
El Gobierno castellanomanchego decidió retrasar la entrada en vigor de la ley y Cospedal se felicitó por ello. Sin embargo, la alegría duró poco. La número dos del PP aseguró en septiembre de 2007 que "el señor Barreda se salta a la torera lo que hemos pactado en el Estatuto" y calificó de "pelotazo" absoluto la reforma. "Esas cosas no se dan en democracia, solo se ven en la Venezuela de Chávez o en la Bolivia de Evo Morales", insistió.
