Seis semanas de cárcel para el hombre que tiró un pastel a Murdoch

Jonathan May-Bowles, el hombre de 26 años que arrojó un pastel que en realidad era espuma de afeitar sobre Rupert Murdoch, ha sido condenado a seis semanas de cárcel. La juez de distrito Daphne Wickham le ha negado la libertad y ha bajado fianza y ha ordenado su ingreso en prisión para que cumpla la mitad de la condena. May-Bowles, que utiliza el nombre artístico de Jonnie Marbles, recurrirá la sentencia.

El condenado se había declarado culpable del delito de asalto con resultado de acoso, alarma o angustia. El magnate de prensa Rupert Murdoch, que estaba declarando ante una comisión parlamentaria por las escuchas en el News of The World cuando fue agredido, no se sumó a la causa contra su agresor.

Mientras, el escándalo por las escuchas sigue. La policía ha arrestado hoy al ex director adjunto del diario, Stuart Kuttner, un hombre considerado clave y defensor a ultranza del News of The World. Kuttner ha sido puesto en libertado bajo fianza bajo fianza horas después de su detención hasta finales de mes "a la espera de más investigaciones" y tras haber sido interrogado hoy en una comisaría del norte de la capital.

Un portavoz policial precisó que el individuo es sospechoso de corrupción por pagos indebidos a agentes policiales y de interceptación de comunicaciones.

Kuttner, que sufre serios problemas de salud de los que se ha estado tratando en Estados Unidos, dejó el diario en julio de 2009 por razones poco claras, poco antes de que The Guardian publicara nuevas revelaciones que reactivaron el caso de las escuchas ilegales.

Cuando Rebekah Brooks, exdirectora del diario y ex consejera delegada de News International, declaró ante la policía semanas atrás afirmó que los pagos a investigadores privados por sus trabajos para el rotativo dependían de la dirección adjunta, no de la dirección.

Kuttner es un personaje histórico del News of The World, al que ha representado en público en numerosas ocasiones y en especial durante la campaña del tabloide tras la muerte de la niña Sarah Payne para conseguir que las familias tengan acceso al historial de delitos sexuales de las personas que están al cargo de sus hijos.