La Justicia obliga a los Franco a dejar inspeccionar el Pazo de Meirás

Un año le costó a la Xunta de Galicia lograr su propósito de inspeccionar el estado de conservación del Pazo de Meirás, la propiedad de la familia de Franco, pagada por los coruñeses y regalada al dictador en plena Guerra Civil. La Consellería de Cultura, que dirige la nacionalista Anxela Bugallo, ganó el pulso a los herederos del Caudillo, quienes encabezados por su única hija, Carmen, cerraron a cal y canto la entrada a un bien inscrito en el inventario del Patrimonio Cultural de la comunidad autónoma desde 1991.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en un auto difundido ayer, autoriza a la Administración gallega a inspeccionar antes de un mes el estado de conservación del pazo y sus jardines, en total 66.792 metros cuadrados enclavados en el municipio de Sada (A Coruña). Aunque los Franco tienen cinco días para interponer, ante el mismo tribunal, un recurso de súplica, la resolución judicial es ejecutiva y echa por tierra todos y cada uno de los argumentos que los herederos del dictador invocaron ante la Justicia para impedir la entrada al singular castillo de tres torres rectangulares, construido a finales del siglo XIX por encargo de la condesa y escritora Emilia Pardo Bazán.

El tribunal gallego, que ya había dictaminado en octubre pasado a favor de esa inspección por considerar que debe prevalecer "el interés público sobre el privado", recuerda que es un deber legal de la Xunta comprobar el estado de conservación de patrimonios catalogados así como una obligación de sus dueños facilitar el acceso para la inspección. Los Franco, subraya el auto, nunca alegaron contra la inclusión de su propiedad en el Patrimonio de Galicia.

El Tribunal Superior de Galicia incluso marca las condiciones de la visita al Pazo de Meirás: si no hay acuerdo sobre una fecha entre Cultura y los Franco, la inspección se realizará como muy tarde el 17 de abril, en horario diurno y "sin publicidad". Entrará en la propiedad con la misión de "comprobar el estado actual de conservación del edificio y su entorno" el equipo propuesto por la consellería: una arquitecta, una historiadora y un arqueólogo. Son los mismos tres técnicos a los que la familia Franco dio con las puerta en las narices, el pasado 30 de agosto, cuando acudieron a Meirás.

El alto tribunal autoriza también, en contra de los deseos de los herederos del dictador, que se realice un reportaje fotográfico del interior de la propiedad. Cultura deberá, no obstante, mantener todas las cautelas y máxima discreción para no atentar contra la intimidad de los dueños, y tanto las fotos como datos que obtenga en la inspección "no tendrán otro uso que el de ser incorporados al expediente" que la consellería abrió hace más de un año para determinar si el Pazo es susceptible de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Esta figura implica medidas para reforzar la preservación del patrimonio y establece un mínimo uso público, al obligar a sus dueños a abrirlo cuatro días al mes.

"Llevó algún tiempo, pero al final podremos cumplir con nuestro trabajo", declaró ayer una "muy satisfecha" conselleira de Cultura. Anxela Bugallo subrayó que siempre presidió "el respeto por la intimidad" de los Franco en la actuación de su departamento para cumplir la legalidad vigente. Fue en Semana Santa del año pasado cuando la consellería, tras abrir un expediente administrativo, se puso en contacto con Carmen Franco para fijar la fecha de una posible inspección del interior de la propiedad. Aunque la hija del dictador incluso llegó a enviar un escrito sobre su disposición a abrir Meirás, lo cierto es que fue aplazando reiteradamente la visita de los técnicos de la Xunta.

En agosto, la consellería envió un equipo de técnicos, pero un abogado de los Franco les comunicó que no sólo no podían entrar, sino que se había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Xunta.