Vía libre a la votación de la ley del cine catalán

La semana que viene, o la próxima, el pleno del Parlament catalán podría votar y aprobar el polémico proyecto de ley del cine catalán que establece la obligación de que la mitad de las copias de películas dobladas o subtítuladas tienen que serlo en catalán, con la excepción de los filmes europeos, para los que la obligación será a partir de las dieciséis copias. El último trámite ya se ha pasado con el informe positivo del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña que, por mayoría, considera que el proyecto de ley se adecua a la Constitución, al Estatuto de Autonómia y al Derecho Europeo.

El análisis del consejo se ha centrado en los artículos 18 y 17 que afectan al doblaje y que el Partido Popular, que pidió el informe, consideraba que afectaban a la competencia estatal en el ámbito del comercio exterior, a la libertad de prestación de servicios, la libertad de empresa y el derecho comunitario. Básicamente considera que estos artículos se refieren a las competencias exclusivas de Cataluña en el ámbito de normalización linguïstica y aunque reconoce que las obligaciones de doblaje pueden perjudicar económicamente a los empresarios, esto se hace en pos de un bien general que es el de garantizar el derecho de la población a poder elegir la lengua en la que puede ver las películas, algo que el mercado por sí mismo no garantiza.

El informe también pide una redacción ponderada del reglamento tanto en lo que se refiere a las sanciones como al peligro de que pueda extralimitarse hasta el punto de atentar de manera desproporcionada a la libertad de empresa. El dictamen se ha aprobado con el voto particular de Julio Añoveros en el que defiende la posición contraria al texto aprobado por la mayoría.

Tal y como están las cosas en estos momentos, es de preveer con el proyecto de ley pueda aprobarse con los votos a favor del tripartito y de CiU. Los exhibidores y distribuidores anunciaron en su día que intentarán parar el texto legal tanto en instancias judiciales del Estado como en las instancias europeas.