El Constitucional rechaza declararse incompetente como pedía Montilla

El pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado hoy diversas providencias en las que rechaza la petición del Parlamento catalán y del presidente de la Generalitat, José Montilla, para que se declarara incompetente para dictar la sentencia del Estatuto, pendiente desde hace dos años y medio. Con esta decisión, el tribunal, con su actual composición, seguirá deliberando hasta emitir una sentencia sobre el recurso presentado por el PP contra el texto, aprobado por la Cámara catalana, las Cortes y los propios catalanes en referéndum.

El pasado miércoles, el Parlamento catalán emitió un informe que alegaba que el alto tribunal no estaba en condiciones de fallar sobre el Estatuto. Al mismo tiempo, Montilla encargó un estudio a sus letrados para que elevaran otro informe al Constitucional para que se declarara incompetente o suspendiera los recursos sobre el texto catalán hasta que recuperara su legitimidad. Pero ninguno de ellos ha dado resultado.

El mandato de cuatro de los magistrados -designados por el Senado- que componen el Constitucional concluyó a finales de 2007 y todavía queda vacante la plaza de un quinto magistrado que falleció hace casi dos años. Además, el próximo otoño otros tres magistrados completarán sus nueve años de mandato. Por lo tanto, sólo cuatro de los 12 miembros del alto tribunal llegarán a finales de año con su mandato en regla, aunque solo tres pueden participar en la votación del Estatuto de Cataluña, a causa de la recusación de Pablo Pérez Tremps, por haber asesorado al Parlamento Catalán en la redacción del Estatuto. Esta recusación había sido rechazada por la fiscalía.

Aunque formalmente el proceso de renovación del Tribunal Constitucional se puso en marcha el pasado martes, un día después de que Montilla pidieran a los senadores en la Cámara alta que apoyaran la reforma del tribunal, tanto PSOE como PP ven muy difícil lograr una nueva composición antes de las elecciones catalanas.

Los socialistas presentaron en la Junta de Portavoces del Senado, la Cámara que debe renovar a cuatro de los 12 miembros, la petición de que se convoque la Comisión de Nombramientos para que evalúe a los candidatos. Todos los grupos los aceptaron, pero el PP bloqueó el proceso al pedir que antes se elabore un informe de los servicios jurídicos del Senado para saber si es necesario solicitar a las comunidades autónomas que ratifiquen sus propuestas. Tanto el PSOE como el PP se acusaron mutuamente de no querer renovar el tribunal.