_
_
_
_
_
El terrorismo golpea al empresariado vasco

Presión para echar a los alcaldes de ANV

La CEOE y el PP reclaman al Gobierno que disuelva los ayuntamientos proetarras - El PSOE considera una deslealtad que la oposición tome la iniciativa en solitario

En la foto hubo unidad. El Congreso de nuevo sirvió de marco para que las fuerzas políticas, empresariales y sindicales condenaran sin paliativos el asesinato del empresario Ignacio Uria Mendizabal con un comunicado de repulsa total a ETA y ensalzamiento de los valores democráticos. Pero por dentro, entre bambalinas, algunas costuras de la unidad antiterrorista se descosieron. Eso sí, muy lejos aún de la guerra abierta de la legislatura pasada.

Pero las alarmas se dispararon en el Grupo Socialista cuando, cinco minutos antes de que empezara la reunión, Federico Trillo llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba y le anunció que el Grupo Popular iba a presentar en el Congreso y en el Senado sendas proposiciones no de ley con la exigencia al Gobierno de que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Sin entrar de momento en el fondo del asunto, los socialistas dirigieron en privado al PP el reproche de "desleales" por presentar iniciativas sobre el terrorismo de forma unilateral. Dentro de la reunión, el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pidió "la expulsión" de los concejales de ANV, y aunque se consideró inadecuado, no se le quiso dar trascendencia.

El Congreso tendrá que votar de nuevo iniciativas sobre terrorismo
Más información
Máxima seguridad para el AVE
Los empresarios piden "coraje"
"A esos de LAB, ¿no les van a echar?"
El PNV intentará sacar del poder a los radicales en Azpeitia

La representación salió bien. A las once de la mañana, la reunión empezó y en poco menos de treinta minutos el nutrido grupo compareció en un salón del Congreso. El representante del grupo mayoritario, el socialista José Antonio Alonso, leyó el comunicado, rodeado de todos los participantes en la reunión, incluida la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, a quien se la vio conversando con Díaz Ferrán. La dirigente socialista comprendió las palabras del presidente de la patronal, al estar especialmente conmovido por el asesinado de un empresario, señalan en fuentes socialistas.

Pero lo cierto es que la mayoría sí se sorprendió. Díaz Ferrán pidió una "reflexión" a los partidos para "expulsar a ANV de los ayuntamientos". "Es un partido ilegalizado, que yo sepa", aseguró, según varios asistentes.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Después de un gran silencio muy tenso, según la mayoría, la diputada de UPyD, Rosa Díez, compartió el discurso del presidente de la patronal. De nuevo, silencio, roto por la voz de la dirigente del PP Soraya Sáenz de Santamaría. "Lo que pensamos ya lo ha expresado el presidente de mi partido esta mañana", señaló. En efecto, Rajoy había pedido la disolución de los ayuntamientos. Ante estas intervenciones, el portavoz socialista quiso zanjar la cuestión con el argumento de que la reunión era para condenar el atentado. "Este no es lugar ni momento para hablar de esos asuntos", aseguran que dijo Alonso. Pero el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quiso precisar al presidente de la patronal que el "objetivo de aislar a ETA", él lo defendía radicalmente, pero Díaz Ferrán debía saber que un concejal no puede ser expulsado por mucho que su partido haya sido ilegalizado. Los representantes de los partidos nacionalistas no tomaron la palabra, pero fuera de la reunión sí comentaron su disgusto con la actitud del PP.

En efecto, cinco minutos después de terminar la reunión unitaria, se registraban en el Senado -de donde surgió la iniciativa, y donde los populares están muy cerca de la mayoría- y en el Congreso las propuestas para instar al Gobierno a que utilice el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que hasta ahora sólo se ha aplicado en el gobierno municipal de Marbella, para disolver los 42 ayuntamientos, la mayoría de pueblos minúsculos, gobernados por ANV.

Los populares reclaman, además, que el dinero del fondo de los 8.000 millones que corresponda a estos municipios lo gestionen las diputaciones forales, para evitar que ANV lo controle.

Este mecanismo de presión al Gobierno para que inicie un proceso tiene una gran complejidad jurídica. Para disolver, la ley habla de decisiones de las corporaciones, y no sólo de los alcaldes, que es lo que pasó en Azpeitia y, además, de faltas reiteradas y graves que supongan apoyo al terrorismo.

La iniciativa fue decidida de forma unilateral por el PP, que sólo se lo comunicó al Gobierno cuando ya era inminente. Hasta ahora, y desde que empezó la legislatura PSOE y PP recuperaron la unidad antiterrorista, todas las medidas que atañen al asunto central del combate político en la anterior legislatura habían sido pactadas y presentadas de forma conjunta. Estas iniciativas obligarán a todos los grupos a que se pronuncien y que se vote. Rosa Díez también propondrá la disolución de los ayuntamientos de ANV. La división es casi segura porque, en principio, el PNV se inclina por reanudar la presentación de mociones en esos ayuntamientos.

Los representantes de PNV, CiU, BNG, ICV, CC, Na-Bai y UPN no tomaron la palabra. Tampoco entraron en polémica CEPYME, CC OO, UGT y USO. Todos salieron a las doce en punto con el presidente de la Cámara baja, José Bono, y los miembros de la Mesa, a las escalinatas del Congreso para rendir homenaje a Ignacio Uria. También en señal de duelo, mañana no habrá cóctel en los actos del 30º aniversario de la Constitución.

Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a la salida de la capilla ardiente de Ignacio Uria.
Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a la salida de la capilla ardiente de Ignacio Uria.EFE

La compleja disolución de las alcaldías

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Así quedó el artículo 61 tras la reforma acordada por PP y PSOE en 2003:

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y,

en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto

de gestión gravemente dañosa para los intereses generales

que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos

previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

- Informe de la Abogacía del Estado (octubre 2008). Se pronuncia sobre la posibilidad de disolver ayuntamientos gobernados por ANV tras la ilegalización de este partido:

La sentencia de ilegalización de ANV sólo considera probadas, en el ámbito municipal, la creación de sendas comisiones de "presos y represaliados" en los ayuntamientos de Elorrio (Vizcaya) y Hernani (Guipúzcoa), así como la intervención

de la alcaldesa de Hernani en un mitin en el que pidió un aplauso para los dos etarras acusados del atentado en el aparcamiento de la T-4 de Barajas. Estos dos casos declarados probados por la sentencia de la Sala Especial del 61 son actuaciones ilícitas incuestionables, pero insuficientes por sí mismas para fundamentar la disolución de los citados ayuntamientos, en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local, que requiere que el apoyo al terrorismo sea "grave" y "reiterado".

- ANV se ha negado a condenar los atentados mortales de ETA cometidos este año en dos municipios donde gobierna: Mondragón y Azpeitia.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_