Los bancos tendrán que vigilar a los políticos para prevenir el blanqueo

Un día después de que los líderes más importantes del mundo acordaran en la cumbre de Londres del G-20 reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, el Gobierno ha decidido volcarse en la prevención del blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Y a la hora de analizar a los posibles criminales, el Ministerio de Economía se ha fijado en un colectivo muy concreto: el de los políticos.

La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, presentó ayer el anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Se trata en realidad de la trasposición de una directiva europea y de la tercera ley que trata de prevenir esta actividad. Pero Bruselas no obligaba al Gobierno español a poner el foco sobre las "personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos". Es decir, los políticos. Y el nuevo texto sí lo hace.

La ley permite crear ficheros con datos de los políticos sin que éstos lo sepan

No sólo se incluye a cargos extranjeros; también se vigilará a los españoles

El Gobierno ha querido ser más ambicioso, y por tanto los políticos pasarán a ser, si el anteproyecto de ley se aprueba en su redacción actual, personas sobre las que se aplicará una "diligencia reforzada".

La razón es que este colectivo tiene un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. "La actividad de los políticos entraña más riesgo de cometer estos delitos que el resto de la sociedad", señalaron los responsables del ministerio.

Y es que basta seguir el rastro que deja el lavado del dinero para tirar de la madeja y encontrar delitos más graves. Tanto el caso Gürtel, la trama corrupta que infesta el interior del PP, como los implicados en la mayor operación contra la corrupción realizada nunca en España, la Operación Malaya, incluía el blanqueo acompañado de una ristra de delitos varios.

El Gobierno, que en principio tenía pensado incluir entre los colectivos sometidos a especial vigilancia sólo a los políticos extranjeros, ha cambiado finalmente de opinión y ha metido en el saco también a los españoles. Sigue así los consejos del GAFI, el organismo internacional contra el blanqueo, que había recomendado que la directiva europea afectase también a los políticos del propio país. Bancos, cajas y el resto de entidades que la ley denomina "sujetos obligados" tendrán listados de sus clientes que se dediquen a la política. Para ello, la ley les autoriza a crear ficheros con los datos identificativos de los afectados y, lo que es más, la posibilidad de consultar los ficheros preparados por las otras entidades convertidas en gran hermano.

Pero el asunto no se queda ahí. Porque el texto de la ley añade a continuación que los políticos que pasen a formar parte de estos ficheros no tienen derecho a saberlo. "Los sujetos obligados podrán recabar la información disponible acerca de las personas del medio político sin contar con el consentimiento del interesado, aun cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al público". Este punto es de los más polémicos de la nueva normativa.

A continuación, el anteproyecto señala: "Los datos contenidos en los ficheros creados [...] únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia previstas en esta ley, no pudiendo emplearse para otra finalidad distinta".

Y como con los políticos no bastará la vigilancia habitual que ya se ejerce sobre el resto de ciudadanos, estas entidades tendrán que poner en marcha unas cuantas medidas. Entre otras, "disponer de procedimientos adecuados para determinar si el cliente es del medio político", "adoptar medidas para saber el origen del patrimonio con los que realizará la operación" o "llevar a cabo un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios".

La ley menciona algunos de los cargos que tendrán que andarse con ojo a la hora de lavar sus vergüenzas: jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, parlamentarios, miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales, miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales, embajadores, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, y miembros de órganos de administración, gestión o supervisión de empresas de propiedad pública.

La nueva norma obliga a ciertas entidades, principalmente bancos y cajas, a suministrar información sobre actividades que por su naturaleza puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo. Cita, por ejemplo, la actividad de banca privada, el envío de dinero y el cambio de la moneda.

El nuevo proyecto legislativo contempla todos aquellos delitos de blanqueo de capital, mientras que el texto todavía en vigor sólo incluye los que conllevan penas de prisión de más de tres años.

La especial atención a los políticos no es la única novedad del texto, que ahora debe pasar a audiencia pública. En este periodo, los colectivos afectados podrán presentar alegaciones, para pasar más tarde al Consejo de Ministros. Se unen dos nuevos colectivos a la lista de aquellos que están obligados a vigilar la posibilidad de una actividad delictiva: los registradores y las entidades prestadoras de servicios a empresas. En esta lista están ahora entidades de crédito, aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones, notarios y un largo etcétera que incluye hasta casinos y joyeros.