El fiscal pide a Pedraz que indague el pago del rescate del atunero
El ministerio público quiere también que se interrogue a los marineros cuando lleguen a España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz que tome declaración a los marineros del atunero Alakrana, liberados el martes tras 47 días de cautiverio, y que investigue, en pieza separada que tendrá que declarar secreta, "toda la trama jurídico-financiera vinculada con los secuestradores, a los comisionistas intervinientes en la liberación así como a los despachos de abogados de Londres y otros países europeos" que han participado en la crisis de alguna manera.
El fiscal busca así que la Audiencia investigue si se ha pagado un rescate por el secuestro, quién lo ha pagado, quién ha intervenido en dicho pago y qué comisiones se han llevado los intermediarios.
El Ministerio Público adopta esta decisión después de que Pedraz finalizara la investigación contra los dos presuntos piratas detenidos por la Armada española en aguas del Índico acusados de participar en el secuestro del atunero español y de que la elevara a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para que celebre el juicio, que podría tener lugar, en el mejor de los casos, en un plazo de dos semanas.
En su escrito, el fiscal quiere que Pedraz oficie a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional "para que proceda a la localización de los marineros secuestrados" con el objetivo de que se les pueda tomar declaración "una vez que regresen a territorio español" para que aclaren las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados, informa Efe. Además, quiere que la Policía especifique qué labor realizaba cada uno de los marineros en el atunero. El fiscal hace además esta petición "a los efectos de hacerles el legal ofrecimiento de acciones" por si los marineros quisieran personarse en la causa en calidad de acusación particular.
El juez ha procesado a los dos supuestos piratas por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas -no les ha acusado de asociación ilícita-, y la Fiscalía ya ha anunciado que rechaza pactar un acuerdo para que ambos detenidos puedan ser expulsados a Somalia y que tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel.
