La Comunidad investiga una de cada seis oposiciones por sospechas de filtraciones

A principios de 1998, 434 personas se enfrentaron a unas oposiciones para ser gobernante en el hospital Gregorio Marañón, de la Comunidad de Madrid. El examen era competido, ya que sólo había 11 plazas de funcionario a adjudicar. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó meses después los ganadores. Diez eran afiliados, familiares o cónyuges de miembros de la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT), un sindicato afín al PP entre cuyos fundadores y dirigentes figuran afiliados al partido. El undécimo beneficiado era un alto cargo de UGT.

Cuatro años después, 4.275 personas se enfrentaron a otras oposiciones, en este caso para optar a 56 plazas de administrativo del Gobierno regional. Los resultados fueron los mismos, pero al revés. De los diez aspirantes que obtuvieron mejor calificación, nueve eran de la UGT, hijos o cónyuges de afiliados. La CSIT colocó al noveno y al undécimo aprobado.

Función Pública ha tenido que cambiar dos veces el sistema de selección de los tribunales

En total, 460.000 personas han aspirado a un empleo público en las 246 oposiciones organizadas por Dirección General de Función Pública del Gobierno regional desde 1998. En 42, casi una de cada seis, Función Pública ha tenido que ordenar una inspección -"información reservada", es su denominación administrativa- ante las sospechas y filtraciones.

Fuentes sindicales, confirmadas por el Gobierno regional, han confirmado que "casi todas las denuncias han sido contra CSIT, seguida por UGT". Contra los otros dos grandes sindicatos de la región, CC OO y el que agrupa al sindicato de médicos y enfermeros (Cesm y Satse) "no ha habido denuncias relevantes".

CSIT no ha querido contestar a las preguntas planteadas por EL PAÍS sobre estas y otras oposiciones. Fernando Sánchez, secretario de Sanidad de UGT, respondió que "ninguna acusación ha podido ser demostrada por la Comunidad ni los tribunales de justicia". Miguel Ángel López, director general de Función Pública, admite que, pese a los indicios, "no se ha podido demostrar nada en ningún caso". "En dos ocasiones hemos ordenado repetir las oposiciones

[una tercera acaba de ser suspendida por la Consejería de Sanidad] por evidencias, pero ni nosotros ni las investigaciones judiciales han atribuido las filtraciones a una persona concreta".

Fuentes jurídicas explican que "en una oposición, sino se pilla a alguien con papeles fechados y que permitan demostrar que alguien tenía las preguntas antes del examen, es imposible llegar a nada". "Se puede citar a los opositores, pero los que tenían las preguntas no se inculparán y quienes no, denunciarán al resto, pero sin pruebas", añaden estas fuentes.

López da otra razón que impide anular procesos a posteriori, cuando se hace pública la lista de aprobados. "No podemos anular una oposición porque los que obtienen la mejor nota son afiliados a un sindicato o familiares. No podemos porque sería ilegal indagar la afiliación sindical o el parentesco de los aprobados". Es lo que ocurrió en la oposición de 1998 a gobernantes. Amador Rodríguez, ex responsable de Sanidad de CC OO, denunció ante Función Pública que el 91% de los aprobados era de CSIT. "Pedí una investigación y denuncié el caso ante la fiscalía. Los resultados fueron desoladores", explica. Los fiscales le dijeron que no podía demostrarse nada. Función Pública le respondió, en una contestación oficial por escrito, que se abstuviera de hacer "acusaciones de tal gravedad, que pueden rozar la injuria o la calumnia, si no puede demostrar su veracidad".

Rodríguez, que hoy se ha retirado de la primera línea sindical y habla a título personal, dice que se quedó "perplejo" al recibir la respuesta de Función Pública: "Parece que sea yo el que tenga que demostrar las irregularidades y no el Gobierno, que es el que debe garantizar el derecho de la gente a aspirar en igualdad de condiciones a un empleo público".

El ex responsable de Sanidad de CC OO exprimió su imaginación para poner en evidencia las "irregularidades de CSIT". En una ocasión, se fue al notario dos semanas antes de unas oposiciones a auxiliar de control y le entregó un listado con 38 personas que iban a superarlas. Todas estaban vinculadas al CSIT y dos también al PP. "Sólo fallé ocho, pero es que siete de ellas fue porque habían aprobado otras oposiciones y pasaron de éstas".

Una de las dos oposiciones que Función Pública ha ordenado repetir es la de enfermeras para el Gregorio Marañón. Fue en 1998, 6.824 personas aspiraban a 101 plazas y aunque el recurso que justificó la medida fue que las preguntas no se ajustaban en el temario, fuentes del Gobierno regional precisan que "había fundadas sospechas que implicaban a CSIT". El sindicato Satse llevó el caso a la fiscalía. "Nos reunimos con los fiscales, pero no se pudo demostrar nada. Había un aspirante que tenía las preguntas apuntadas en un papel, pero claro, eso no es una prueba porque puede haberlas copiado en la misma oposición".

Gabriel España ocupó el mismo cargo que Amador Rodríguez, pero en UGT. Hace dos años denunció ante los órganos internos del sindicato prácticas fraudulentas, sobre examen para administrativo de 2002, "tráfico de influencias en favor de familiares y amigos". La respuesta del sindicato fue abrirle un proceso de expulsión que logró evitar con un recurso a los tribunales.

Función Pública admite que, ante las reiteradas sospechas de fraude y filtraciones, ha tenido que cambiar dos veces los sistemas de selección de los tribunales. También se ha visto obligada a "regular hasta el mínimo detalle" sus procedimientos internos. Hasta 2001, los sindicatos elegían a sus representantes en los tribunales calificadores, de los que eran miembros de pleno derecho con acceso a los exámenes.

En 2001, Función Pública retiró a los sindicatos algunas atribuciones. Sus representantes pasaron a ser meros "observadores", en teoría con menor acceso a las preguntas. El escándalo de las oposiciones de 2004 a auxiliar administrativo, con 18.400 aspirantes para 364 plazas y que fueron suspendidas por Función Pública tras detectar irregularidades, demostró que este sistema tampoco funcionaba, admiten fuentes sindicales y del Gobierno.

Fuentes que participaron en la investigación de estas irregularidades, confirmadas por otras las sindicales, observaron "movimientos sospechosos de CSIT y UGT que habían logrado colocar una persona afín en puestos claves del tribunal". "El objetivo era repartirse luego parte de los aprobados. Pero ocurrió lo que ha pasado en otra ocasión más: una o más personas con acceso a las preguntas se salen del guión, reparten la prueba por su cuenta y acaba extendiéndose tanto la filtración que es detectada por el Gobierno regional", afirman estas fuentes.

Este caso ha sido investigado por la Comunidad y la Fiscalía de Madrid. Función Pública analizó los resultados con una nueva herramienta que, mediante complejos cálculos estadísticos, confirmó las filtraciones: 70 personas habían respondido bien todas las preguntas del examen teórico, cuando lo esperable por exámenes anteriores eran menos de 10. Además, la nota media "era mucho más elevada de lo previsible, lo que demuestra que la filtración fue más extendida que a esas 70 personas", afirman fuentes del Gobierno regional.

Pese a las evidencias, tampoco esta vez pudo atribuirse la filtración a nadie, aunque en esta ocasión "se estuvo más cerca que nunca de lograrlo". Función Pública somete ahora a "todos los exámenes al control estadístico". "Si en los resultados detectamos una desviación de notas no justificada, suspenderíamos la prueba", algo que hasta ahora no ha sucedido.

Tras la oposición de 2004, Función Pública volvió a cambiar el sistema de elección de los tribunales calificadores, ahora por sorteo ante notario de sus miembros.

"El objetivo no puede ser sacar fuera de los tribunales a los sindicatos, que deben estar y responsabilizarse en los procesos de selección. La cuestión es crear mecanismos de seguridad que impidan las filtraciones. Hay ejemplos de ello, como son los exámenes para los médicos residentes", explica España. Éste muestra su preocupación por la "las redes clientelares que se han formado en algunos sindicatos". "Hay grupos reducido de personas que han ayudado a cientos de aspirantes a conseguir un empleo público. Esto ha creado redes de contactos e intereses muy fuertes", añade.

El responsable de un centro de formación para oposiciones añade que "las oposiciones son un gran negocio". "En algunos exámenes se presentan hasta 20.000 personas y muchas acuden a centros de formación de los propios sindicatos y que cobran a los aspirantes cientos de euros. Multiplica y calcula el dinero que mueve todo esto".