El plan contra la droga en los institutos arranca con cinco detenidos en Cádiz

Más de 3.000 policías y guardias civiles vigilan desde hoy los alrededores de determinados colegios e institutos de toda España para impedir el tráfico de drogas a pequeña escala y el consumo de estupefacientes entre los jóvenes. Esta misma mañana se han producido las primeras detenciones. Se trata de cinco personas, que han sido arrestadas a las puertas de un instituto en Cádiz.

Los detenidos son tres hombres y dos mujeres, que han sido arrestados a las puertas del Instituto Isla de León y a los que se les ha intervenido 123 bellotas de hachís. El objetivo de esta iniciativa contra el menudeo de droga en los entornos de los centros escolares es, según el ministerio que dirige José Antonio Alonso, que la enseñanza y la formación de niños y jóvenes "se realice en un entorno de convivencia seguro y saludable". Este plan, que permanecerá activo durante al menos dos años y que se revisará cada tres meses, lo ha puesto en marcha Interior después de detectar que los jóvenes consumen drogas a una edad cada vez más temprana, entre los 14 y 15 años.

Un "mapa de puntos de riesgo"

Según Interior, el plan, que se complementa con otro de vigilancia de las zonas de ocio y de diversión que entró en vigor a finales de diciembre, se aplica de acuerdo con un "mapa de puntos de riesgo específicos" determinado por los estudios del departamento. En esta primera fase del plan, que se extenderá durante un mes, participarán al menos 3.124 agentes -1.306 de la Policía Nacional y 1.818 de la Guardia Civil-, a los que se unirán los agentes de policías autonómicas y locales que decidan las Juntas de Seguridad que convocarán los delegados y subdelegados del Gobierno para la puesta en marcha del dispositivo.

Además, se nombrará a un responsable territorial de ejecución del plan que, bajo la supervisión del delegado del Gobierno, se encargará de la coordinación entre los cuerpos policiales. El coordinador general del Plan Antidroga de la Dirección General de la Policía, Jesús María Corral, ha explicado el método con el que se ha elaborado el mapa de riesgo, consistente en delimitar las zonas por antecedentes de menudeo y el entorno en el que se encuentran los centros docentes. La vigilancia de los centros es discreta, con los agentes vestidos de paisano o bien en patrullas policiales parecidas a las de barrio. Se desarrolla en recreos y al finalizar la jornada escolar, momento del día que se aprovecha para la venta de droga.

La opinión en la escuela

Tras asegurar que la presencia policial se regirá por el principio de la menor perturbación posible a los centros escolares, Corral ha considerado que los jóvenes tienen hoy en día una mayor capacidad de compra que intentan explotar los delincuentes. Aunque ha dicho no poder afirmar si hay más incidencia en algunas comunidades que en otras, sí ha admitido que la proximidad del sur de España con las áreas de introducción de drogas eleva el riesgo en esta zona.

Varias organizaciones estudiantiles niegan o dudan de la eficacia del plan, aunque organizaciones de padres, sindicales y de colegios consultadas por Efe son favorables. Así, el presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, Álvaro Vermoet, ha lamentado haber conocido el plan "por la prensa" y ha considerado que sus resultados no van a ser positivos, al tiempo que ha manifestado estar en contra la prohibición de las drogas. También la presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Estudiantes, Ainhoa Zamora, opina que con policías a la puerta de los centros no se va a solucionar el problema de raíz, por lo el plan es un "parche". En una nota, el Sindicato de Estudiantes reclama medidas sociales de tipo preventivo y considera que el plan ha sido aprobado "sin contar" las organizaciones de la enseñanza.

La presidenta de la Confederación Española de Padres de Alumnos, Lola Abelló, señala que es adecuado siempre que la vigilancia se efectúe con la mayor de las discreciones y se actúe con contundencia respecto a los pequeños traficantes. El vicepresidente primero de la Confederación Nacional Católica de Padres, José Manuel Martínez Vega, valora el plan con matices: "Unicamente echamos en falta que mecanismos de coordinación y colaboración de los responsables del plan en cada comunidad autónoma con las asociaciones de padres".