Profunda reeestructuración del crédito oficial y de las cajas
La consecución de acuerdos entre el Estado y la banca para desencadenar un proceso de recuperación de las inversiones privadas, la reestructuración a fondo del Crédito Oficial y de las Cajas de Ahorro, y la adquisición de los bancos en crisis que sean saneados con dineros públicos, constituyen los aspectos más destacados de la política financiera contenida en el programa de Gobierno del PSOE. El programa anuncia una reforma inmediata y radical de las Cajas de Ahorro. Estas instituciones tendrán carácter de "utilidad pública", serán de ámbito local, no podrán expansionarse fuera de la región, ni participar en el capital de entidades bancarias. Se potenciarán las cajas regionales y a partir de ellas se creará una caja de cajas que dé coherencia a la actuación de todas las existentes, sirviendo de intermediario con el Banco de España y demás autoridades económicas.
En relación con las operaciones activas de estas entidades se moderará el descenso de coeficientes obligatorios, se limitarán sus depósitos en el mercado interbancario y en la banca, así como la concentración de riesgos (especialmente en empresas eléctricas y corporaciones locales), y se acentuarán sus inversiones en vivienda y en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.El Instituto de Crédito Oficial, según el programa socialista, dejará de ser un organismo autónomo, para trasformarse en una sociedad estatal a la que se le trasferirá la titularidad de las acciones de los bancos oficiales. La. nueva entidad dirigirá fundamentalmente sus operaciones activas a financiar inversiones a largo plazo.
Respecto al mercado de valores, el PSOE se propone reforzar su función de mercado abierto mediante la cotización en el mismo de todo tipo de títulos a corto y largo plazo, públicos y privados. La inversión bursátil será favorecida sin que las entidades de inversión colectiva gocen de ventajas fiscales superiores al inversor individual.
Estas medidas se inscriben dentro de un contexto general de una política económica concebida desde la planificación y la concertación (el Consejo Económico y Social será una pieza básica), y desde el respeto al mercado como mecanismo de asignación de recursos económicos.
Reordenación de las empresas públicas
El programa plantea una política industrial desde criterios de rentabilidad y competividad, con el sector público como principal instrumento de apoyo a sectores en crisis y al desarrollo de sectores de futuro. La reindustrialización se basará en criterios de selectividad y concertación.
El documento asigna un papel prioritario para la empresa pública y propugna amplios planes de colaboración de éstas con las privadas. El sector público se configurará en tres grandes grupos de empresas: las de servicios públicos; las energéticas; y las empresas concurrenciales agrupadas en el INI. El programa establece un riguroso plan de incompatibilidades y somete estas empresas a control parlamentario.
Junto a estas reformas, el programa propugna profundas modificaciones en el sector público (presupuesto de ingresos y de gastos), una adecuación de la reforma fiscal que haga más redistributivas las cargas y la culminación normativa de la misma. Se propone una mayor lucha contra la evasión y una nueva legislación de infracciones y sanciones tributarias.
En el comercio exterior se ampliarán los apoyos financieros a la exportación y se procederá a una profunda reforma arancelaria que no estará inspirada por el liberalismo a ultranza. El documento recoge asimismo distintas medidas relativas al area de Transportes, Turismo, Obras Públicas y Comercio Interior.
Reducción del programa nuclear
Las directrices que determinan la política energética del PSOE son tres: el ahorro y la mejora de la eficiencia del consumo; dar un mayor peso relativo al carbón y al gas natural y menor a la energía nuclear; y evitar el sobreequipamiento actual en la generación eléctrica y en los planes de reconversión de la estructura de refino.
En la producción de electricidad, se proponen impulsar eficazmente el agotamiento de los recursos hidroeléctricos; nacionalizar la red primaria de transporte de energía eléctrica e impulsar el Plan de Electrificación Rural. Se procederá, asimismo, a la integración de los intereses públicos del subsector.
El PSOE se propone llevar a cabo una política de estricta complementariedad de la energía nuclear, que atenderá exclusivamente a las necesidades de consumo no cubiertas con otras fuentes disponibles. "La potencia instalada no superará los 7.500 megawatios lo que implica una detención ordenada del programa nuclear en curso".
Con respecto al carbón, se proponen acelerar las investigaciones de los recursos potenciales y llevar a cabo una planificación ordenada y acorde de las importaciones complementarias. En hidrocarburos, además de sustituir en la medida de lo posible estos productos por otras fuentes energéticas, plantean la trasferencia de los actuales medios estatales para el transporte y distribución que gestiona CAMPSA a una empresa de capital público mayoritario.
En el campo de la investigación, los socialistas anuncian que duplicarán las inversiones a lo largo de la legislatura.
