La calificación de asociación ilícita indigna a los nacionalistas vascos

Las fuerzas nacionalistas vascas coincidieron ayer en mostrar su "indignación" por algunos aspectos de¡ contenido de la sentencia y, en especial, por la condena a los policías Amedo y Domínguez por asociación ilícita, y no por pertenencia a banda armada. Los partidos de ámbito nacional, a excepción de Izquierda Unida, preferían no realizar consideraciones en profundidad sobre el contenido de la resolución, limitándose a señalar su acatamiento, y el Gobierno mantenía un mutismo absoluto.

Los portavoces del PNV, EA, EE y HB se mostraron "preocupados e indignados" por la consideración de Amedo y Domínguez como autores de un delito de asociación ¡lícita y no de pertenencia a una banda terrorista. Ello y la absolución del Estado como responsable civil presupone, según estos grupos, que los condenados actuaron como particulares e impide una investigación profunda de la financiación pública de los atentados de los GAL.El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, afirmó que "por la sentencia, pareciera que Amedo y Domínguez fueran empleados de una empresa de seguridad y no funcionarios de la Seguridad del Estado". Para el dirigente del PNV, el último responsable es el ministerio del Interior. "Esto es lo más grave, independientemente de la sentencia", añadió.

De la misma opinión es Koro Garmendia, portavoz de Euskadiko Ezkerra: "Parece que Amedo y Domínguez son dos personas que actúan a título individual y contratan a unos amigos matones para ejecutar sus acciones".

Indicaciones del fiscal

Más contundente se mostró Joseba Azkárraga, portavoz de Eusko Alkartasuna, que llegó a afirmar que "la sala de la Audiencia ha seguido las indicaciones del fiscal, y el fiscal ha seguido las indicaciones del Gobierno". "Esto es kafkiano y propio de una sala de Justicia cuya obsesión ha sido impedir que se investigue la responsabilidad del Estado", afirmó el portavoz de EA.

Tasio Erkizia, miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna afirmó que la sentencia es una especie de ley de punto final para enterrar el asunto". Según Erkizia, Amedo y Domínguez han cumplido la función de "chivos expiatorios" con el fin de evitar sentar en el banquillo al Gobierno del PSOE y a altos responsables de los aparatos del Estado.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, manifestaba su profundo desacuerdo" con el contenido de la sentencia, aunque añadió que acata la actuación de la Justicia.

Anguita argumentó su descontento en el hecho de que la sentencia no entra "en dos aspectos, sustanciales: la pertenencia de Amedo y Domínguez a una banda terrorista y su responsabilidad en la jefatura de los GAL y tampoco contempla su condición de funcionarlos durante la comisión de los hechos".

Carmen García Bloise, miembro de la ejecutiva del PSOE, se limitaba a señalar que la sentencia reafirmaba la afirmación socialista de que "el Estado no ha intervenido". Mientras, el secretario general del CDS, José Ramón Caso, calificó de "ejemplar" el fallo y, reclamó una investigación administrativa en Interior "para aclarar los puntos oscuros que subsisten".

Previamente, José María Aznar, presidente del PP, había hecho una brevísima alusión a la sentencia en Valladolid, informa Francisco Forjas. "Espero que la justicia aclare lo que tenía que aclarar. Voy a leer la sentencia con tranquilidad y espero que también haya personas que tengan algo que decir al respecto", añadió el presidente popular.

Igualmente cautelosa se mostró Convergència i Unió. Un portavoz de la formación nacionalista afirmó que "nunca se hacen valoraciones de sentencias porque se acatan".

Silencio oficial

El Gobierno no se había pronunciado anoche sobre la sentencia. Tampoco el Ministerio del Interior quiso comentar la sentencia.

El ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y los ex directores de la Policía Rafael del Río y José María Rodríguez Colorado no contestaron a las solicitud es de este diario para que opinasen sobre la condena a sus dos antiguos subordinados.

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, afirmó: "En tanto se analiza la sentencia por parte del Ministerio Fiscal con el indispensable rigor técnico y objetividad no me parece procedente hacer ninguna declaración".