Moreiras deja sin efecto la fianza de 8.000 millones que había impuesto al Banco Santander
El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, dejó ayer sin efecto la fianza de 8.000 millones de pesetas que él mismo había impuesto al Banco Santander para hacer frente a las responsabilidades que pudieran derivarse de su presunta implicación en delitos fiscales cometidos a través de las operaciones de cesión de crédito realizadas por la entidad entre 1986 y 1989.El magistrado, con el fin de determinar las responsabilides criminales y civiles de los clientes y de los directivos del banco, requiere a Hacienda para que le especifique los titulares de las operaciones que han superado el límite de cinco millones de cuota presuntamente defraudada y la cuantía de las retenciones que el banco debía haber practicado.
Conocida la decisión judicial, el Banco Santander hizo público un comunicado en el que "manifiesta su satisfacción por el hecho de que el auto del juez Moreiras anule la fianza impuesta el 22 de diciembre y requiera a la inspección de Hacienda la definición de las responsabilidades tributarlas a que hubiera lugar". Fuentes del banco han destacado que en el auto no aparece ninguna incriminación personal contra directivos de la entidad. El banco "reitera su disposición a colaborar para el esclarecimiento de los hechos, tal como desde el primer momento manifestó su presidente".
Moreiras ha estimado el argumento de los abogados del Santander -los depachos de Matías Cortés y Horacio Oliva- de que era improcedente la imposición de semejante fianza. El magistrado reconoce que coexisten dos clases de responsabilidades civiles: la principal y la subsidiaria. El juez estima que si no impuso ninguna fianza a los clientes del banco -presuntos autores materiales del fraude a Hacienda-, no debe fijar fianza para el Santander, que a su entender en unos casos indujo, en otros propuso y en otros colaboró con los defraudadores. Además el juez tiene en cuenta "la situación económica de los inculpados" y precisa que todavía "no se ha determinado en concreto y de forma individualizada la posible defraudación tributarla que hayan podido cometer".
El auto de Moreiras puntualiza los datos globales respecto a operaciones de cesión de crédito objeto de investigación. El número de operaciones realizadas por el Banco Santander ascendió a 45.062, por un importe total de 407.128 millones de pesetas. De ellos 32.092 aparecen siempre a nombre del mismo titular y 8.282, por un importe total de 125.268 millones, cambiaron de titular, es decir que las personas que figuran en la contabilidad y documentos intervenidos en los registros del banco no se corresponden los con los que la entidad comunicó como titulares reales a Hacienda. Respecto de otros 4.688 no se ha podido determinar si cambiaron o no de titular.
Las operaciones totales de todos los bancos del grupo fueron, según el auto del juez, 47.964, por un importe global de 438.459 millones de pesetas. De esas operaciones, 9.171 por un importe de 142.453 millones, cambiaron de titular; 5.179 están aún sin confirmar si se modificaron los titulares, y 33.614, por importe de 203.771 millones, no fueron modificadas.
Testaferros
Otro de los aspectos que el juez destaca es que los testaferros fueron proporcionados a los clientes por el propio banco. "Los nuevos titulares o titulares distintos de los originales eran personas que el propio banco facilitó a los clientes que se lo pidieron con objeto de mantener ocultos sus bienes a la Hacienda Pública". Estos nuevos titulares, añade el auto, "los obtenía de antiguos clientes del banco que hiciera mucho tiempo que ya no operaban con él y que por sus circunstancias personales fueran difíciles de localizar e individualizar por la Inspección de Hacienda, bien porque tuvieran apellidos comunes, bien porque fueran de elevada edad, ausentes del territorio nacional, e incluso fallecidos. En cualquier caso siempre se trataba de personas con rentas de escasa cuantía".
Otras veces, se pusieron en contacto "con gente que estuviera dispuesta a aparecer como titular en algunos contratos de cesión a cambio de determinadas cantidades".
Moreiras considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar el caso porque "los hechos tienen la necesaria entidad para repercutir gravemente en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional" y pueden incluir un fraude fiscal. El magistrado agrega que este asunto repercute en la economía nacional "en cuanto que suponen la práctica de una competencia desleal" con las entidades financieras que cumplen con Hacienda.
