La nueva financiación beneficiará a las comunidades con mayor renta
Todas subirán sus ingresos, pero la mayor parte será para las que recaudan más
El Gobierno mostró ayer sus cartas para la ronda final de negociación del sistema de financiación autonómica. Se guarda aún bazas definitivas, como cuánto dinero más pondrá y cómo se repartirá. Y se ha sacado de la manga un par de comodines (dos fondos de convergencia) para convencer a los más reticentes. Pero el Ejecutivo desveló buena parte de su juego. La apuesta es que todas las comunidades -excluidas País Vaco y Navarra, en el régimen foral-, reciban más, pero que las que tienen mayor capacidad de recaudar impuestos y más población se queden con una porción mayor del dinero adicional.
Con el nuevo sistema que presentó el vicepresidente económico, Pedro Solbes, las diferencias en recursos por habitante se suavizarán. Hasta ahora, autonomías con economías más débiles, como Extremadura o Castilla y León logran casi un 20% más de recursos per cápita que la media, mientras que otras como Cataluña y, sobre todo, Baleares, se quedan lejos de ese promedio.
- Más dinero del Gobierno. "Les voy a decepcionar". Solbes declinó así precisar cuánto dinero más pondrá el Gobierno, pero su idea básica es compensar el aumento de población desde 1999, no recogido en el sistema actual. También se incorporará dinero para financiar la Ley de Dependencia. Y está en discusión si habrá nuevos fondos por la integración y acogida de inmigrantes o por políticas de normalización lingüística
. Además, se reservará dinero para los dos nuevos fondos de convergencia.
- Mayor cesión de impuestos. Si en 2006 el 70% de los recursos asignados por el sistema a las comunidades se cubrió con los impuestos cedidos a las autonomías, ahora el Gobierno plantea llegar al 90%. Para ello, aumenta el tramo de recaudación de grandes impuestos que queda en manos autonómicas: IRPF (del 33% al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%), tal y como proponía la Generalitat catalana.
- Fondo de garantía del Estado de bienestar. Las necesidades de financiación de cada comunidad se calcularán mediante la suma de lo que recibieron en 2006 (ninguna pierde) y lo que le corresponda del dinero adicional. Para cubrir esas necesidades, el nuevo sistema plantea cuatro fondos. El más importante será el de garantía de los servicios fundamentales. Su cuantía estará ligada al peso de las competencias de salud, educación y servicios sociales. Solbes sólo aclaró ayer que absorberá más del 66% de los recursos totales. Se nutrirá casi en exclusiva (una mínima parte puede ser dinero estatal) de los impuestos cedidos. Todas las comunidades aportarán a ese fondo una porción elevada e idéntica de su cesta de impuesto. Y esa bolsa se distribuirá con el novedoso objetivo de que todas tengan el mismo nivel de financiación por habitante. Aquí, la población se ajustará con otras variables: dispersión, superficie, insularidad, mayores de 65 años (servicios sociales), tramos de edad (sanidad) o menores de 18 años (educación).
- Fondo de suficiencia. El resto de competencias no incluidas en el fondo de garantía se cubren con el fondo de suficiencia. Aquí se contemplan dos posibilidades: habrá autonomías (las que tengan más capacidad de recaudación) a las que les bastará con la parte de su cesta de impuestos no utilizada en el fondo de garantía; además, podrán quedarse con el dinero que les sobre. Y habrá otras que no tendrán suficiente con sus impuestos; el dinero del Gobierno servirá para completar los recursos autonómicos hasta cubrir la necesidad de financiación restante.
- Fondos de convergencia. El Gobierno ha incorporado en el último momento dos fondos que tendrán una cuantía menor, estarán dotados con dinero adicional del Estado y facilitarán la negociación. Las comunidades con menor PIB per cápita optarán a recursos de un fondo de cooperación. Y las autonomías cuya financiación por habitante quede por debajo del promedio final pese a tener mayor capacidad fiscal, recibirán dinero extra del fondo de competitividad.
- Autonomía en el IRPF. El nuevo sistema amplía de forma notable la capacidad normativa de las comunidades en el impuesto sobre la renta. En su tramo (el 50%), las comunidades podrán ahora cambiar los mínimos personal y familiar (habrá una horquilla máxima de variación), podrán cambiar los tramos que determinan la escala del impuesto y modificar las deducciones.
